Se encuentra usted aquí

Marihuana ¿en qué quedamos?

03/05/2016
02:16
-A +A

Terminó el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso sin que se aprobaran iniciativas tan importantes como la reforma a la regulación de la marihuana. Dos foros nacionales y una sesión especial en Naciones Unidas sobre el tema de drogas (UNGASS) no fueron suficientes para que los legisladores se decidieran sobre este tema. Vimos debates, programas de radio y televisión, leímos columnas y números especiales de revistas. Nada fue suficiente para lograr un consenso en torno a la propuesta minimalista que presentó el Presidente o a alguna de las muchas otras que se presentaron a lo largo del periodo.

No voy a repetir los argumentos en contra del prohibicionismo. Nadie mínimamente informado puede seriamente sostener que ha sido una política justa o exitosa para lograr los objetivos de protección a la salud que pretende. Más bien, enumero aquí algunos puntos que debe tomar en cuenta cualquier regulación responsable en el tema.

1. Las leyes deben permitir el uso médico de la marihuana y eso implica permitir la producción nacional. Una de las discrepancias fundamentales en torno a la marihuana médica tiene que ver con permitir o no la siembra nacional para este fin. Parece absurdo, pero hay quienes sostienen que México debe convertirse en un país importador de medicamentos de marihuana, a pesar de ser uno de los principales productores en el mundo. Sería mejor, dicen, traer los medicamentos del extranjero ya encapsulados y esterilizados, a altísimos precios, para evitar que la maligna yerba caiga en manos de algún consumidor no medicinal. La marihuana medicinal no es sostenible, ni será accesible para quien la necesita, sin producción nacional.

2. Todos los actores predican que los consumidores no deben ser criminalizados, pero lo cierto es que el régimen actual hace principalmente eso. El consumo no es delito, pero la posesión, en cualquier cantidad, sí lo es. Por arriba de cinco gramos se sanciona con hasta tres años de cárcel —sin intención de distribución—. Por debajo, se ordena la detención del consumidor. Entre 2006 y 2014 fueron detenidas, a nivel federal, 156 mil 189 personas por consumo —eso que no es delito—. No sabemos si fueron consignados, encarcelados o retenidos 48 horas, pero sabemos que fueron detenidos. En ese mismo periodo, otros 175 mil 993 fueron detenidos por posesión. Agreguemos a estas cifras las de cada estado, que son las más, pues la posesión es primero una competencia estatal.

La propuesta del Presidente propone despenalizar la posesión de marihuana por debajo de los 28 gramos. Si bien, toda la cadena de producción y comercio quedaría en la ilegalidad, los consumidores que porten por debajo de esa cantidad estarían a salvo de la intervención más violenta del Estado: la penal. Ninguna propuesta responsable puede insistir en la detención o encarcelamiento de usuarios. Eso implica aceptar umbrales elevados o la eliminación del delito de posesión simple.

3. Hay un grupo significativo de mujeres que sufren, de forma desproporcionada, la política de drogas actual. Se trata principalmente de madres, con primaria incompleta, primodelincuentes, acusadas únicamente por un delito de drogas. La mayoría de las internas sentenciadas en el fuero federal fue procesada por el delito de transporte, que conlleva penas de hasta 25 años de prisión. Pero, a pesar del consenso sobre la tragedia que implica mantener a estas mujeres presas, las acciones concretas quedaron fuera de las propuestas. La política de drogas seguirá siendo desproporcionadamente violenta hacia las mujeres, si no se toma en cuenta que los delitos de ellas y ellos son distintos.

El Congreso de la Unión dejó abierta la posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones. En este tema, como en otros, los legisladores tienen una responsabilidad que no pueden seguir postergando.

División de Estudios Jurídicos CIDE

@cataperezcorrea

Catalina Pérez Correa
Maestra y Doctora en derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California. Profesora Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).