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Catalina Pérez Correa

La principal razón para regular la marihuana es sustraer a los miles de consumidores del ámbito penal

La semana pasada se presentó en Londres el informe de la London School of Economics: Después de las guerras contra las drogas. El documento, avalado por cinco premios Nobel, considera un mundo en el que la regulación, y no la prohibición, dibuje la relación entre ciudadanos, autoridades y drogas. Al día siguiente de la presentación de ese informe, en México concluyeron las audiencias públicas convocadas por el Congreso para discutir la regulación de la marihuana. Las conclusiones del foro fueron prácticamente unánimes: la prohibición no ha servido para disminuir el consumo de sustancias ilícitas y ha generado efectos devastadores en la sociedad mexicana.

En ambos espacios existen dos consensos. Primero, los consumidores no deben ser criminalizados —pero lo siguen estando bajo la actual legislación. Segundo, debemos comenzar el cambio por regular el mercado de la marihuana. Entre las sustancias ilícitas, la cannabis es la de mayor uso y la que tiene menor peligrosidad. Por eso, es un buen punto de partida para un modelo nuevo, uno que anteponga los derechos y las libertades. Lo que sigue hoy es pensar cómo será ese modelo.

Si nos tomamos en serio que los consumidores no deben ser castigados por el sólo hecho de consumir, no podemos seguir usando nuestras policías y prisiones en contra de ellos y ellas. No es suficiente subir las dosis toleradas de algunas sustancias. Es necesario despenalizar la posesión para consumo y la posesión simple (esto es, la posesión sin fines de distribución). El delito de posesión simple existe para cubrir la ineficiencia de los ministerios públicos (que sin flagrancia no logran comprobar delitos) y resulta en la detención y encarcelamiento de consumidores que traen consigo un gramo más de la dosis tolerada. Con la posesión simple, los consumidores pagan por la incompetencia reconocida de las instituciones penales.

La principal razón para regular la marihuana es sustraer a los miles de consumidores del ámbito penal. Ello, sin embargo, debe hacerse sin incentivar más consumo. Además de clubes de autoconsumo, la regulación debe contemplar un mercado controlado por el Estado (un monopsonio estatal) que fije estándares de calidad, puntos de venta y precio por gramo de marihuana legal. Este último, no debe ser tan alto como para mantener el mercado negro que ya existe, ni tan bajo como para incentivar un mayor consumo. Quizá en un inicio sea necesario fijar un precio bajo para desplazar a los mercados ilegales existentes pero después debe elevarse para desincentivar el consumo. Así sucedió con el fin de la prohibición del alcohol en Estados Unidos.

La regulación debe también tener una postura clara sobre la participación de la iniciativa privada (que hoy participa de forma clandestina). Según la revista The Economist, algunas empresas alcoholeras en EU ya han invertido en la industria de la marihuana. Preocupa abrir el mercado a iniciativas que vean, en el consumo de la marihuana, jugosas ganancias. Conviene un mercado ineficiente y fuertemente regulado, no un libre mercado. Las experiencias del tabaco y el alcohol nos dejan muchas lecciones sobre lo peligrosas que pueden ser las industrias poderosas ante reguladores débiles.

Aunque el fracaso de la prohibición es innegable, aún vemos esfuerzos desaseados por resucitarla. Desde el gobierno federal se insiste en propuestas que en realidad son disimulos y que en nada cambian la violencia que el Estado ejerce en contra de consumidores y sus familias. La Corte ha señalado que el consumo está tutelado por la Constitución. En lugar de seguir tratando de revivir a palos un modelo fracasado, el gobierno debiera priorizar la defensa de los derechos fundamentales y la Constitución que ha jurado guardar.

División de Estudios Jurídicos CIDE.

@cataperezcorrea

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