La política pública de "ahogado el niño a tapar el pozo"

Carlos F. Matute González

El gobierno del Distrito Federal, en voz del secretario de Movilidad, anunció que serían sancionadas aquellas rutas de transportistas que provocaran accidentes viales y “serán canceladas las concesiones cuyas unidades se vean inmiscuidas en este tipo de actos”. El contexto de esta declaración es la reacción en redes sociales del atropellamiento de la ciclista Montserrat Paredes Alva de 21 años de edad, quien murió el 17 de noviembre cuando circulaba a bordo de una ecobici por Paseo de la Reforma.

Las administraciones públicas reactivas son la normalidad en nuestro país. La falta de planeación y la acumulación de rezagos es una constante en gobiernos locales, delegacionales y municipales. Este fenómeno se magnifica en las zonas metropolitanas en las que la multiplicidad de autoridades hace más complejo el proceso de diagnóstico y el diseño de estrategias de atención de mediano y largo plazo.

Un breve recorrido por cualquier parte del Valle de México esta realidad asalta a la vista. Miles de personas esperando en lugares inadecuados un transporte, vías para ciclistas insuficientes, señalización urbana precaria, vialidades rápidas insuficientes, metro y microbús saturados, microbuseros, autobuses y taxis en paraderos improvisados, semaforización no automatizada, red de agua potable y drenaje en mal estado, carpeta asfáltica deteriorada, parques y camellones abandonados, servicios públicos urbanos desordenados y con equipo obsoleto y deteriorado y un largo etcétera.

La administración no es magia. Es un proceso permanente de planeación, dirección, ejecución y evaluación, en el que la última etapa es el comienzo de la primera con un efecto de retroalimentación. La gestión administrativa en los gobiernos legítimos en el estado constitucional de derecho incorpora a los procesos de prestación de los servicios públicos los resultados de la satisfacción del usuario como parte de la referida evaluación.

De esta manera, las políticas públicas en una forma de tomar decisiones que considera la medición de la realidad (diagnóstico), una consulta de los intereses de los ciudadanos (participación de grupos organizados e individuos), una proyección de los efectos de la intervención de la autoridad y una verificación de los resultados a partir de indicadores, de tal manera que sea una decisión racional mantener o modificar la acción gubernamental. En este proceso, hay una identificación de riesgos y determinación de controles que minimizan su ocurrencia, pero no los eliminan absolutamente.

Entonces, en cualquier acción de gobierno, lamentablemente, habrá niños ahogados porque un riesgo previsto efectivamente se presente. El impulso del uso de las bicicletas en la ciudad de México como una forma de transporte implica la existencia de riesgos de atropellamiento y la autoridad debe hacer lo posible por reducir al máximo las probabilidades de que suceda una tragedia.

La política pública de movilidad debe incluir la expedición de un reglamento orientado al peatón y ciclista (emitido recientemente), divulgación del contenido de dicha normatividad, capacitación de los agentes de tránsito que lo aplicarán, diseño de procedimientos para prevenir la corrupción, revisión periódica del estado de los vehículos destinados el servicio público, regulación permanente de los concesionarios de rutas de microbuses, entre otros aspectos.

Lo que llama la atención de lo declarado es que en lugar de hacerse énfasis en la parte preventiva, que es la importante, parece que se plantea una política pública para atender al niño ahogado, es decir, la cancelación de las concesiones debe ser una actividad permanente de la autoridad si ésta detecta que los titulares no respetan las leyes de tránsito o se apoderan de las calles a su antojo y conveniencia. No hay necesidad de esperar a que ocurran hechos lamentables para aplicar la norma, que debe ser una acción permanente.

Las políticas públicas con la visión puesta en el niño ahogado, más que en la prevención de riesgo y la existencia de controles efectivos de la gestión de lo público es propia de las administraciones desbordadas en su capacidad de atención, que lo único que pueden hacer es resolver lo urgente y relegar sistemáticamente lo importante, contribuyendo a que los rezagos se sigan acumulando.

Profesor del INAP

[email protected]

TEMAS RELACIONADOS
Guardando favorito...

Comentarios