¿Poder sin legitimidad?

Alfonso Zárate

En los días del partido “prácticamente único”, el candidato oficial llegó a tener más de 90% de los votos. Pero los votos no le otorgaban legitimidad a su mandato porque todos sabían que su “victoria” era producto del “fraude” o la simulación. El Partido Acción Nacional contribuía, aun sin proponérselo, a darle una apariencia democrática a contiendas amañadas y a un sistema autoritario.

Todo esto funcionó por décadas, mientras las bases de la estabilidad garantizaron la continuidad del régimen posrevolucionario (crecimiento económico, dominio casi absoluto del Ejecutivo, control corporativo, reformismo, pragmatismo, etcétera). Agotado el modelo, por la erosión continua de sus soportes político-económicos, el “reclamo democrático” que ya anticipaba el movimiento estudiantil de 1968 iría ganando espacios en sectores cada vez más amplios de la sociedad. Lenta y penosamente, hacia la segunda mitad de los años 70 y con mayor fuerza en los 80, fue avanzando la democracia electoral y el sistema no tuvo más remedio que reconocer pequeños, pero simbólicos, triunfos de la oposición. Más tarde, en 1989, el régimen reconocería por primera vez el triunfo de un candidato panista, Ernesto Ruffo, en las elecciones por la gubernatura de Baja California. De ahí pa’l real, el mapa político del país cambiaría sustancialmente hasta llegar en el año 2000 a la alternancia en la Presidencia de la República.

En esos años, acompañando el ascenso de las oposiciones y la apertura del sistema político, nacieron instituciones autónomas indispensables para el nuevo tiempo mexicano. A la consolidación del IFE como garante de la legalidad de los procesos electorales siguió la creación del Inai como respuesta a la demanda social de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. No obstante ello, las resistencias del régimen autoritario continuaron. Agazapados por momentos, hipócritas o prepotentes, en otros, los sobrevivientes del viejo acuerdo corporativo se mantuvieron en sus trincheras (los gobiernos estatales fueron sus principales reductos); y, beneficiados por la frustración que dejó en millones de mexicanos la frivolidad de Vicente Fox y los saldos de la “guerra” contra el narco de Felipe Calderón, regresaron al poder presidencial en 2012.

Hoy, menos de cinco años después, al desprestigio de prácticamente todas las instituciones democráticas, ha seguido el asalto a casi todas ellas: han sido capturados lo mismo consejeros del INE que magistrados del tribunal electoral y comisionados “ciudadanos” del Inai, quienes apartados de su compromiso con la democracia sirven a los intereses de quienes los pusieron allí.

En ese contexto de repudio o desconfianza ciudadana, agudizado por la crisis de inseguridad y los escándalos de corrupción, se han multiplicado las opciones partidarias y se ha dispersado el voto. De ahí que la clave para definir los desenlaces, tanto en comicios locales como federales, residirá en la disputa entre el “voto duro” (cada vez más exiguo) y el “voto de castigo” o “en defensa propia”. El enojo ciudadano resultará crucial. Sin embargo, aunque es mayoritario no necesariamente llevará a la derrota del PRI y sus candidatos. Para la elección presidencial de 2018 la dispersión del voto introduce una gran dosis de incertidumbre y anticipa un resultado muy preocupante: un gobernante con una legitimidad precaria, rondando apenas el 30% de los votos.

Dos fuerzas políticas: el PRI y Morena, con sus respectivos aliados, aparecen hoy como punteros; pero no será difícil que el PAN se meta en serio a la disputa, sobre todo si resuelve con unidad la candidatura presidencial. Estará también el PRD con un porcentaje menor (quizás entre el 6 y el 8%, dependiendo del candidato y la campaña que despliegue), por lo que podría perfilarse una alianza pragmática con Acción Nacional. Para completar el cuadro, aún no se descarta la participación de candidatos sin partido (llamados “independientes”).

Si, como ha ocurrido en la última elecciones, la participación electoral es de un 63% y la lista nominal es de 85 millones de ciudadanos, concurrirán a las urnas 54 millones; y si el triunfador logra apenas un 30% de los votos, esto significará que alcanzará la Presidencia con apenas 16 millones de votos, una cantidad ridícula para un país de 120 millones de habitantes.

Esta dispersión se expresará también en el Congreso de la Unión y en la disputa por las gubernaturas. Un escenario de gran complejidad que representa un serio desafío para quien resulte electo presidente. ¿Cuál puede ser la fuente de legitimidad para el ejercicio eficaz de un poder democrático cuando 70% del electorado vota por opciones distintas a las del ganador?

 

Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.

@alfonsozarate

TEMAS RELACIONADOS
Guardando favorito...

Comentarios