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Encubridores, simuladores, cómplices

Alfonso Zárate

¿De verdad cree el gobierno que mayor presupuesto a las fiscalías especializadas o la creación de unidades de protección a comunicadores servirá para garantizar su protección? La única manera de reducir los índices delictivos es atacando la impunidad

Un par de preguntas se repiten: ¿no hay opciones ante el desbordamiento de la delincuencia? ¿Estamos condenados a vivir con miedo?

Es evidente que la inacción, la ineptitud y también la colusión de nuestra clase política con los criminales, que empezó a ser evidente desde finales del gobierno de José López Portillo, ha alcanzado niveles inauditos, pero esto no significa que no haya salidas, aunque son complejas y reclaman un quiebre de grandes proporciones, inteligencia, responsabilidad y valentía para asumir como prioridad absoluta abatir los niveles de impunidad: más del 90 por ciento de los delitos denunciados quedan impunes, ¿cómo hablar entonces de un Estado de Derecho?

Y la impunidad es la consecuencia inevitable de autoridades de todos niveles, de todos los partidos, que solo simulan. Simulan los policías de proximidad que se hacen de la vista gorda ante el hacer y deshacer de los delincuentes o, cuando en el caso extremo, otorgan protección a las bandas... Simulan los fiscales que dizque investigan (estamos hartos de la apertura de carpetas de investigación que nunca se cierran)... Simulan los jueces que por unas monedas o por miedo, buscan y encuentran los artilugios que les permitan emitir una sentencia absolutoria o casi.

En el sistema penitenciario ocurre lo mismo. De tiempo en tiempo algún medio publica cifras que ponen los pelos de punta: la mayoría de las cárceles están en poder de los criminales. Las condiciones en que viven los narcos dentro de las prisiones exhiben la descomposición: suites con todos los privilegios, aparatos electrónicos, bebidas, y hasta fiestas amenizadas por grupos conocidos con el acompañamiento de mujeres.

El despliegue de las Fuerzas Armadas pretende suplir la condición ruinosa de las corporaciones policiales de estados y municipios. Pero los soldados van a una guerra sin destino porque las instancias de los gobiernos estatales con responsabilidad en la materia: las secretarías de seguridad pública, las procuradurías generales de justicia y los tribunales superiores de justicia, solamente simulan, de allí la queja válida de los militares: “detenemos delincuentes en flagrancia, los presentamos a las autoridades y los sueltan”.

¿Quiénes asesinaron a Javier Valdez, a Miroslava Breach y a más de treinta periodistas en lo que va de esta administración? Sus verdaderos asesinos no fueron los sicarios que jalaron el gatillo, ni siquiera quienes ordenaron su ejecución, los mató un sistema político degradado: policías infiltrados, fiscales corruptos, jueces vendidos, directores de penales sometidos, legisladores frívolos, gobernadores tramposos... Los mataron las omisiones, la ineptitud o la perversidad de farsantes que regresan a sus casas con la conciencia tranquila, creen que nada deben... pero deben todo.

El 30 de mayo de 1984, la noche que asesinaron a don Manuel Buendía, escuché a su viuda, doña Lolita, decir en voz baja frente a su féretro: “Finalmente lo hicieron”. Esa noche terminaría su angustia permanente de preguntarse si regresaría a casa don Manuel, amenazado de muerte por caciques, traficantes de armas, extremistas de derecha y otros a quienes denunciaba en su Red Privada. Algo así imagino que ocurrirá para Griselda Triana, la esposa, hoy viuda de Javier Valdez. No más dudas, no más incertidumbre. Finalmente, lo hicieron.

¿De verdad cree el gobierno que mayor presupuesto a las fiscalías especializadas o la creación de unidades de protección a comunicadores servirá para garantizar su protección? La única manera de reducir los índices delictivos es atacando la impunidad. Nada incentiva más la comisión de los delitos que la certeza de que quedarán impunes.

Hace tiempo que el fenómeno dejó de ser un asunto de seguridad pública para convertirse en una amenaza a la seguridad nacional, una que interpela al Estado todo y que, en consecuencia, no puede ser enfrentado sólo por las Fuerzas Armadas y la Policía Federal; reclama la acción concertada de todas las instituciones del Estado: de los legisladores para abandonar la modorra y legislar las iniciativas pendientes; de la SHCP cuya Unidad de Inteligencia Financiera se va por la sombrita; de Sedesol más preocupada por generar clientelas electorales que por restaurar el tejido social; de los consejos de la judicatura, para hacer una limpia en los juzgados...

La clave está en dejar de encubrir, de simular y combatir con todo la impunidad.

 

Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.

@alfonsozarate

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