Huachicoleros, ¿hasta cuándo?

Alfonso Zárate

Un hecho terrible: el asalto a un vehículo en el que viajaba una familia llevó al asesinato de un pequeño de apenas dos años y a la violación de madre e hija. No ocurrió en un paraje semioculto, tampoco en una brecha escasamente transitada de una región apartada, sino en una de las autopistas federales de cuota más transitadas del país, la México-Puebla, antes de llegar a la caseta de San Martín Texmelucan.

Por la crueldad y saña, no parece tratarse de un simple asalto, muchos componentes parecen hablar de una venganza. Pero, independientemente de lo que concluyan las investigaciones, estos hechos subrayan la precaria vigilancia en las carreteras federales.

El descontrol en las autopistas tiene muchos años y lejos de disminuir sigue creciendo. Empezaron con los asaltos a camiones que transportan mercancías, se presentaron las denuncias; no pasó nada. Siguieron los asaltos —e incluso violaciones sexuales— a autobuses de pasajeros; tampoco nada pasó. Hoy asaltan vehículos particulares y carros de ferrocarril. ¿Qué sigue?

Conectados, quizás, con los asaltantes en carreteras, las bandas de huachicoleros que ordeñan los ductos de Pemex son cada vez más prepotentes y cínicas y, un dato perturbador, cuentan con un respaldo social en las comunidades donde operan.

Lo que se ha visto en estos días exhibe la descomposición del tejido social: mujeres y niños que a la altura de Palmarito, en Puebla, bloquean carreteras con barricadas y llantas quemadas, civiles armados que asesinan soldados y se escudan en mujeres y niños, comunidades que exigen la salida del Ejército para poder seguir delinquiendo libremente. Desde luego, estas acciones no justificarían —de comprobarse— ejecuciones extrajudiciales, como lo muestra un video en el que presuntos militares detienen y liquidan a un civil la noche del 3 de mayo.

EL UNIVERSAL ha seguido e investigado este tema. En su editorial del viernes pasado, refería la emboscada a un grupo de soldados que recién habían decomisado dos vehículos con combustible robado y que fueron atacados con palos, machetes y arma de fuego. ¿No cuentan nuestras corporaciones policiales con los medios para disuadir, sin excesos, la protesta de una comunidad que se exhibe podrida?

Y frente a todo esto, se observa la inacción, en algunos casos y la precariedad en otros, de una autoridad que, al parecer, no tiene con qué imponer la ley y que permite y ha permitido la “ordeña” de ductos por más de diez años.

En el cálculo de Pemex, la “ordeña” de ductos le representa una pérdida del orden de 20 mil millones de pesos anuales; otros analistas calculan que es el doble. Al margen de esto, están otros riesgos: el descontrol en algunas ordeñas ha llevado a incendios que han obligado a evacuar zonas y bloquear carreteras (como ocurrió hace unos años en la México-Querétaro, a la altura de Tepeji del Río).

Como en otros episodios cada vez más frecuentes por todo el país, se trata de una muestra más de la derrota del Estado. Los enormes recursos asignados a las dependencias federales y estatales en materia de seguridad no se traducen en resultados positivos, como lo prueba el rebrote de los delitos, y uno tiene qué preguntarse, ¿de qué han servido los sofisticados y costosos aparatos de inteligencia que se han adquirido en los últimos años?, ¿de qué ha servido la Gendarmería que debía proteger las actividades productivas o la Policía Federal que debe resguardar las autopistas? ¿Cómo pueden comercializarse semejantes volúmenes de gasolina (miles de millones de litros) sin dejar rastro hasta llegar al mercado negro?

Con la lenidad que caracteriza a nuestros legisladores, apenas se discute en el Congreso una revisión para endurecer las penas para este delito, pero eso no basta, es imperativo encarcelar y someter a proceso a quienes forman cada uno de los eslabones que incluyen a personal del propio Pemex, a expendedores de gasolina, autoridades (en Palmar de Bravo, Puebla, se investiga al alcalde Pablo Morales Ugalde que, con sus hermanos, es dueño de gasolineras) y a quienes “ordeñan” y distribuyen el combustible.

Apenas ahora el presidente Peña Nieto anuncia una estrategia integral frente a este delito que ha crecido en los últimos diez años, se dice que intervendrán, además de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Hacienda, la PGR y la dirección de Pemex.

En el último tramo de su administración, el Presidente no entrega buenas cuentas en esta materia tan sensible para la sociedad. La propuesta de “Un México en paz” parece no ya una promesa incumplida, sino una burla.

 

Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.

@alfonsozarate

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