¿Por qué diablos no aprenden los gobernadores?, ¿qué maleficio les impide al ver las barbas de su vecino cortar, no poner las suyas a remojar?

La República vive una mala hora. En la mayoría de los estados la delincuencia está desbordada y las corporaciones policiales están penetradas por el crimen; la corrupción y la opulencia de la clase gobernante contrastan con la pobreza y el abandono de la mayoría de la población. Y a pesar de las evidentes responsabilidades, los responsables más ostensibles de este desastre, siguen impunes: Humberto Moreira, Fidel Herrera Beltrán, Juan Sabines Guerrero...

El verticalismo, esa vieja costumbre de nuestra clase política, que ha quitado la dignidad y la razón de ser a los otros poderes, se expresa en el silencio cómplices de quienes tenían que controlar a los gobernadores: los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los diputados del Congreso convertidos en dóciles subalternos; algo similar ocurre con los consejeros o comisionados de los organismos supuestamente autónomos y, para falsear la realidad, los medios de comunicación locales están intimidados o “maiceados” con contratos o pagos en efectivo que provienen de sobornos.

Pero no todo está mal. En este entorno de cinismo y corrupción es una buena noticia que hoy la sociedad organizada cuente con mejores instrumentos (México evalúa, el Imco, la Red por la Rendición de Cuentas, Fundar, entre otros), para monitorear, contrastar la información oficial con la realidad y denunciar las desviaciones de los gobernantes; y están también los medios que documentan los desastres de nuestros gobernantes. La presión de las organizaciones cívicas y de los medios ha obligado al gobierno federal a actuar, aunque de manera tardía y a regañadientes, en contra de algunos de quienes rebasaron todo límite ético y jurídico.

Ya están en prisión varios ex gobernadores: Jesús Reyna, de Michoacán; Andrés Granier, de Tabasco; Guillermo Padrés, de Sonora (en Estados Unidos, Mario Villanueva, de Quintana Roo); en tanto, Javier Duarte, de Veracruz, se encuentra prófugo y otros, como César Duarte, Gabino Cué, Roberto Borge, Miguel Alonso Reyes, Egidio Torre Cantú, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, enfrentan acusaciones con distintos grados de concreción judicial (por una extraña razón, otros ex gobernadores, como Ángel Heladio Aguirre, de Guerrero, no están siendo investigados).

Pero nada de esto parece amedrentar a algunos altos funcionarios que aunque están en el último tramo de sus administraciones, se sienten “en la plenitud del pinche poder” (Fidel Herrera Beltrán dixit), y siguen manejando sus estados con un descaro inaudito: enriqueciéndose, repartiendo cuotas de poder entre su parentela y sus amigos, simulando que gobiernan, mientras distraen hacia cuentas bancarias ocultas o invierten en vehículos de lujo, mansiones y ranchos, recursos que debían invertirse en obras de infraestructura, en el fortalecimiento y certificación de las corporaciones policiales, en hospitales y clínicas, en escuelas y servicios municipales.

Pero entre ese desbarajuste que puebla buena parte de la República, destaca el estado de Morelos, gobernado por Graco Ramírez Garrido, un personaje cuya historia sinuosa se remonta a su sociedad con Rafael Aguilar Talamantes, el tristemente célebre creador del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y, más tarde, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), un verdadero mercader de la política.

Mientras crecen la inseguridad (homicidios, secuestros, extorsiones) y las denuncias por la corrupción gubernamental (obras otorgadas sin licitación a empresarios cercanos y mucho más), sus atropellos lo enfrentan lo mismo con el rector de la Universidad, que con la sociedad civil y hasta con el obispo Ramón Castro. Marchas multitudinarias han ganado las calles de Cuernavaca para exigir la renuncia del gobernador, que se mantiene en lo suyo.

La familia de Graco Ramírez se despacha con la cuchara grande y, como si fuera parte de su patrimonio, el PRD en el estado es encabezado por su hijastro Rodrigo Gayosso Cepeda, convertido en señor de todos los moches, a quien señalan como un operador que amenaza e intimida a los opositores. Muchos miembros de la familia (esposa, ex esposa, hijos, hijastros, nuera) ocupan posiciones destacadas en el gobierno.

Morelos es un desastre. Y, aunque parezca una inocentada, Graco aspira a la candidatura presidencial por lo que queda del PRD; por lo pronto dilapida los recursos públicos en promociones como el supuesto reportaje que difunde por todo el país una revista semi-clandestina, C&E.

Pero, al parecer, nadie experimenta en cabeza ajena y Graco Ramírez parece ignorar que todos sus desfiguros lo prefiguran como el próximo Javier Duarte.

Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.

@alfonsozarate

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