Tanhuato

Alfonso Zárate

Es imperativo garantizar condiciones dignas para el desempeño profesional de quienes exponen su vida en las tareas de seguridad

La noticia llamaba al asombro por inverosímil: un enfrentamiento de policías federales con integrantes del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, ocurrido el 22 de mayo de 2015, dejaba un saldo de 43 muertos; sólo uno de ellos policía.

El comunicado de prensa de la Policía Federal (PF) que daba cuenta de los hechos fue acompañado por los reportes de la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán. La versión oficial sobre el operativo policiaco, su desarrollo y desenlace, recibía el visto bueno del Ministerio Público local. Legalidad y transparencia parecían garantizadas. Una verdad histórica tan firme como, digamos, la defendida por efectivos del Ejército en el caso Tlatlaya (junio de 2014) y con el riguroso acompañamiento de la procuraduría mexiquense. Una verdad, por decir lo menos, sospechosa.

Las dudas de muy diversa índole que generó la narrativa oficial hoy parecen confirmadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su investigación sobre lo ocurrido en el Rancho del Sol, municipio de Tanhuato, Michoacán, hace quince meses. La conclusión resulta perturbadora: que el “uso excesivo de fuerza” por parte de la PF derivó en la “ejecución arbitraria” de 22 personas, la “privación de la vida” de cuatro más, la tortura de dos sobrevivientes y el trato degradante de un tercero, así como en la manipulación de armas y cadáveres. En síntesis, graves transgresiones al protocolo de actuación del grupo que intervino en el operativo (95 elementos más la tripulación de helicóptero artillado) y muy serias irregularidades por parte del personal de la procuraduría michoacana.

Casi de inmediato, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia —un funcionario que se ha desempeñado con eficacia y honestidad en los distintos cargos públicos que ha ocupado—, salió a responder. Llamó a ubicar los hechos en un contexto caracterizado por la violencia y la alevosía con que actúan los sicarios del cártel, que ha cobrado la vida de decenas de policías y soldados. Subrayó, asimismo, que los policías también tienen derechos; uno elemental: a la presunción de inocencia; y, finalmente, afirmó que de probarse procederes ilícitos, se aplicará la ley.

En efecto, el Cártel Jalisco Nueva Generación se ha caracterizado por su felonía. Muchos soldados y policías han sido víctimas de sus emboscadas. También se sabe que cuenta con armamento sofisticado que incluye lanzacohetes, como el que utilizó hace unos meses para derribar un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional, causando la muerte de tres soldados.

Es posible que ante los golpes sufridos por la PF de la manera más alevosa, algún mando haya decidido que había llegado la hora de la revancha. La irrupción en el Rancho Del Sol permitiría darles una respuesta enérgica a los delincuentes.

Pero otro dato es inquietante. Frente a la gravedad de los hechos —las presuntas torturas y ejecuciones arbitrarias—, hay sectores de la opinión pública que sostienen que los asesinos, secuestradores y violadores, no merecen vivir. Una visión poco civilizada que, sin embargo, parece alimentada por la corrupción del sistema judicial: la “certeza” de que, al llegar con jueces venales, los delincuentes serán liberados.

El reporte de la CNDH no puede asumirse como “la verdad revelada”; tiene deficiencias serias, como la de haber realizado 58 entrevistas, ninguna con efectivos de la corporación que participó en el operativo; aunque, en su descargo, registre el análisis de las declaraciones ministeriales de 43 elementos de la PF.

Es imperativo conocer la verdad, como lo es también garantizar condiciones dignas para el desempeño profesional de quienes exponen su vida en las tareas de seguridad. En muchos casos, los policías son llevados casi inermes al matadero y les piden resistir estoicamente a quienes los agreden con garrotes o machetes o llegan, incluso, a prenderles fuego.

Los hechos de Tanhuato reclaman respuestas serias y contundentes. Eso esperamos. Eso debe exigirse de la averiguación previa que inicie la Procuraduría General de la República tras la denuncia que presentará la CNDH.

Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.

@alfonsozarate

TEMAS RELACIONADOS
Guardando favorito...

Comentarios