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“Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes: […] VIII.— Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia; […]”
Código Penal Federal, Artículo 225
Las palabras del procurador Jesús Murillo Karam caían pesadas en ese ambiente denso, expectante; las cifras abrumaban: 39 confesiones, 487 pruebas periciales, 386 declaraciones, 153 inspecciones ministeriales. “Éstos y muchos otros elementos aportados durante la investigación —decía— permitieron llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden […] Ésta es la verdad histórica de los hechos”. Era el pasado 27 de enero.
Transcurridos más de siete meses, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contradice “la verdad histórica”, exhibe resistencias, anomalías, omisiones, descuidos y pifias inexcusables de la investigación de la PGR; además, propone otra hipótesis, ciertamente controversial, sobre el móvil del crimen.
Otro aporte del GIEI —el relativo a “Los otros desaparecidos”— muestra la situación aterradora que se ha vivido en el estado de Guerrero, particularmente en Iguala y municipios vecinos, al punto de considerar que el horror de la noche del 26 de septiembre no fue sino la expresión más perversa de la barbarie: 148 “desaparecidos” en los últimos ocho años: 22 casos en 2012, 54 en 2013 y 28 en 2014.
Pero hay más: 55 de los 82 casos reportados en Iguala (sin incluir a los normalistas de Ayotzinapa) ocurrieron bajo la administración del alcalde José Luis Abarca; un desaparecido cada trece días, en promedio. Frente a esto, resulta inevitable mirar más arriba y consignar la responsabilidad política, ética y penal no sólo del gobernador Ángel Aguirre Rivero, sino de los órganos de inteligencia civil y militar del Estado mexicano que permanecieron impávidos ante semejante descomposición.
¿Jesús Murillo Karam fue engañado o pretendió construir un alegato que cerrara el caso y evitara la incriminación de instancias federales (elementos de la Policía Federal y soldados del 27 Batallón al mando del coronel José Rodríguez Pérez, quien no podía ignorar la condición de narco-gobierno en Iguala)?
La hipótesis que sugiere el GIEI: que el quinto autobús hubiera estado cargado de droga con destino a EU, debe explorarse; sobre todo tomando en cuenta que la zona es clave en la producción de amapola. Pero, aun si fuera el caso, no parece explicar la violencia extrema contra los estudiantes.
Tampoco debe omitirse otra línea de investigación. Ante el reclamo de no “victimizar a las víctimas” —que se ha traducido en la exigencia de no escarbarle más a las relaciones peligrosas que pudieran tejerse en una escuela como la de Ayotzinapa: ¿guerrilla o narco?—, las autoridades han desestimado datos que ayudarían a esclarecer los hechos. Al parecer nunca se interrogó al director de la normal rural, maestro José Luis Hernández Rivera, ni se tienen los perfiles de los muchachos, aunque se sabe que, al menos uno de ellos, había desertado del Ejército y que otro, tal vez, pudo tener vínculos con uno de los grupos criminales que se disputan la plaza (Los Rojos y Guerreros Unidos).
Las conclusiones del GIEI deben ser examinadas, especialmente en lo tocante a la posibilidad material de que los muchachos hubieran sido incinerados. En lugar de descalificar uno u otro estudio, debe generarse un debate científico que dirima las diferencias. En todo caso, el informe preliminar del grupo de expertos no cierra el expediente sino que, por el contrario, exige más de las autoridades: llegar hasta donde tope. Desacreditada la “verdad histórica”, resulta ineludible agotar todas las líneas de investigación hasta dar con una verdad sin adjetivos.
¿Hay alguna salida para el gobierno del presidente Peña Nieto? Sí la hay: ordenar a la PGR que revise lo actuado y llegue a donde tenga que llegar, aunque esto implique responsabilidades, por obra u omisión, de las instancias federales involucradas.
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.
@alfonsozarate
