El reciente informe de Open Society Justice Initiative sobre los derechos humanos en México se llama Atrocidades innegables. Hace un recuento de la crisis humanitaria del país entre diciembre de 2006 y diciembre de 2015, Calderón y Peña Nieto. La materia son los crímenes que se han cometido en estos años, asesinatos, desapariciones forzadas, tortura. La conclusión del informe es muy grave: “Existen fundamentos razonables para considerar que existen actores tanto estatales como no estatales que han cometido crímenes de lesa humanidad” (p. 12). Los fundamentos de este trabajo están en el Artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que México suscribió con una restricción al Artículo 21 de la Constitución: “El Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado, en cada caso reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.

El calificativo que estructura este informe es lo atroz, que tiene una serie de efectos de sentido que tocan el dolor, el sufrimiento, lo aterrador, lo horrendo, lo espantoso, lo inhumano, lo cruel, que nos llevan a mirar la pesadilla en la que está atrapado México. Los resultados de este trabajo están en sintonía con muchos otros reportes e informes realizados por organismos internacionales. La trama es la misma, pero en este caso el acento está en los crímenes de lesa humanidad, como una manera directa de apuntar hacia la gravedad del problema. Hay un panorama crítico porque involucra a la autoridad, lo cual no es novedad. La importancia es el recuento puntual de múltiples casos. Se presentan expedientes de muchas partes del país, pero se concentra en cinco estados: Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Querétaro.

El recuento retoma los números que circulan: 150 mil muertos y 26 mil desaparecidos, pero señala la desconfianza sobre las cifras oficiales, por la sospecha de que están rasuradas. Esta tragedia, que recorre la historia de los últimos diez años del país, se integra por datos que apuntan a gobiernos que practican el método de la tortura; que protegen a las fuerzas armadas; que han militarizado las funciones de la policía y que reproducen una amplia red de impunidad. La documentación de muchos casos de desapariciones forzadas justifica los calificativos de este trabajo. Diversas experiencias confirman la contundencia del informe sobre lo atroz, que ya se vuelve innegable. Si desde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y la protesta permanente ante el emblemático caso de los 43 de Ayotzinapa, se ve la parte de las víctimas, desde la mirada de este trabajo se ven las acciones y omisiones de la autoridad y lo que ha hecho uno de los grupos criminales más sanguinarios y peligrosos, Los Zetas.

El mapa de la impunidad es enorme, ante los miles y miles de casos sólo hay cientos de expedientes y una docena de condenas, con esa desproporción se ve una justicia lejana, ineficiente. Se insiste en que el problema no se trata de falta de reglas, sino que está en los obstáculos de carácter político, en los arreglos que hacen posible la impunidad, la inacción y que posibilitan la penetración de los grupos del crimen en las instituciones públicas.

La crisis de impunidad no apunta a la debilidad de los instrumentos técnicos, aunque ésta exista, sino a “una falla de liderazgo político. Los altos funcionarios del gobierno han negado y minimizado las dimensiones de la crisis, han acusado sin fundamento a víctimas del crimen y han buscado desacreditar tanto a las organizaciones de la sociedad civil como a observadores internacionales que han alertado sobre los problemas” (p. 167).

Las recomendaciones apuntan hacia dos niveles, la construción de mejores instrumentos, como servicios forenses independientes, equipos de investigación y una acción para desmilitarizar la política de seguridad y, por otra parte, un organismo independiente internacional que sea auxiliar de la autoridad. Por lo pronto, no se ve que haya respuestas instrumentales y después de la experiencia reciente del GIEI, no existe la mínima posibilidad de ayuda internacional, por lo menos no con este gobierno…

PD. Me sumo al desplegado “Diálogo sí, represión no”, por el conflicto magisterial.

Investigador del CIESAS

@AzizNassif

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