Instituciones ruinosas

Alberto Aziz Nassif

Después de leer el Informe Ayotzinapa elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que formó la CIDH, me queda una mezcla extraña de emociones entre vergüenza ajena, pesimismo y preguntas que no tienen respuesta

Después de leer el Informe Ayotzinapa elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que formó la CIDH, me queda una mezcla extraña de emociones entre vergüenza ajena, pesimismo y preguntas que no tienen respuesta. Este informe nos muestra —como en un gran aparador— la condición ruinosa de las instituciones públicas y, de forma particular, las encargadas de la seguridad pública, la impartición y administración de justicia (policías, Fuerzas Armadas, procuradurías, cárceles), es decir, una parte fundamental del Estado de derecho en México.

Sobre lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa ya teníamos mucha información, dudas y preguntas sin respuesta. Sobre las deficiencias del informe de la PGR y sus enormes limitaciones, era sabido; muchas veces se ha condenado el pésimo manejo del gobierno estatal y federal sobre el caso de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos. Ya hemos visto debates en la opinión pública sobre las posibilidades de la incineración en el basurero municipal de Cocula, con diferentes voces y peritajes. Hemos observado de qué forma la movilización y apoyo para la búsqueda de los estudiantes ha permanecido y mantiene el caso abierto, como casi todos los expedientes de horror en el país. Así ha sido desde el 2 de octubre del 68 hasta Ayotzinapa, ya sabemos que en México no se cierran los expedientes de represión; no se resuelven los casos conforme a derecho y la impunidad crece a niveles intolerables. No se olvida, porque no se hace justicia.

En ese trabajo, elaborado por una instancia internacional, se destruye paso a paso la investigación oficial del gobierno mexicano y, quizá por primera vez, Peña decide no litigar el caso como ha sido su costumbre con otros informes. El trabajo del GIEI se hizo con los estándares internacionales de derechos humanos. En el informe hay algunas novedades, pero, sobre todo, destaca el profesionalismo con el que se construye una nueva narrativa del caso. Queda un contraste radical entre la versión oficial y la del GIEI. Del tamaño de las decenas y decenas de recomendaciones, es el horror de lo que informó la PGR, tanto por lo que debería haber hecho desde el inicio y no hizo, como por lo que inventó y falseó. Ahora sabemos que el ya famoso sistema de comunicación C4 (centro estatal de control, comando, comunicaciones y cómputo) mantuvo un seguimiento de todos los acontecimientos hasta cierta hora en donde se interrumpe la información, ¿se calló o se cayó el sistema?, (muchas llamadas entre las 21 y las 22 horas, una llamada entre las 22:11 y las 23:26 horas y ninguna entre las 23:26 y las 2:21 horas). Toda la fuerza pública (Ejército y policías) supieron paso a paso lo que sucedió con los normalistas, eso ya no se puede negar. Sabemos ahora con la certeza de un peritaje creíble que los cuerpos no fueron quemados en ese basurero y no sucedió como dijo la PGR. Que hubo un quinto autobús, ¿por qué fue borrado?; que hay importantes rutas de trasiego de drogas (heroína y cocaína) entre Iguala y Chicago; que se torturó a los testigos; que no se hizo prácticamente nada en las primeras 72 horas de los hechos; que se trató de un ataque masivo que involucró a 180 personas (6 asesinados extrajudicialmente, 40 heridos, 80 perseguidos, 43 desapariciones forzadas) un universo que afecta a más de 700 familiares.

Resulta muy preocupante ver la condición ruinosa de las instituciones mexicanas por estar capturadas, por ineficiencia, por corrupción, por incapacidad, pero no por falta de recursos. Imaginemos qué hubiera pasado si un grupo internacional similar al GIEI hace la investigación sobre los migrantes asesinados en San Fernando, la matanza de Tlatlaya, la casa blanca, el Partido Verde, los mineros de Pasta de Conchos, las elecciones presidenciales en 2006 y en 2012. Apuesto a que los resultados serían completamente diferentes. Se derrumbarían las mentiras oficiales.

Además del dolor y la indignación hay que preguntarnos cómo se gastan los recursos públicos para fabricar informes falsos, cómo se ha desvirtuado la justicia y cómo los ciudadanos estamos desprotegidos frente a esas instituciones ruinosas.

Investigador del CIESAS.

@AzizNassif

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