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Las bibliotecas públicas, que son la más importante red de infraestructura cultural que tiene México y presumida como la más grande red de bibliotecas públicas de América Latina, atraviesan desde hace años problemas como la falta de mantenimiento, servicios anquilosados, acervo desactualizado, inmuebles en malas condiciones, carencia de Internet y a veces de agua y luz, entre muchas otras deficiencias; sin embargo, en los últimos años enfrenta una severa crisis que ha llevado al cierre de mil 16 espacios, que representan el 14.3% de una Red Nacional de Bibliotecas Públicas (creada en 1981) que llegó a tener 7 mil 476 espacios bibliotecarios, de los que actualmente existen sólo 6 mil 460 en todo el país, según cifras oficiales.
Guerrero es la entidad más mermada de esta oferta cultural. Han cerrado 107 de las 213 bibliotecas públicas con las que contaba la entidad para atender a su población, que supera los 3 millones 540 mil 685 habitantes —según el Censo de Población de 2020—. Esas 107 bibliotecas cerradas representan el 50.23% de las que había y sólo mantiene 106 recintos abiertos, como consta en el registro oficial de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas que expone la propia Dirección General de Bibliotecas (DGB) de la Secretaría de Cultura federal.
Los otros dos estados con mayor número de bibliotecas clausuradas son Veracruz, que ha cerrado 134 de las 519 bibliotecas que tenía —hay 385 abiertas—; y Nuevo León, que cerró 107 de sus 314 bibliotecas; mantiene 207 abiertas.
Aunque estas tres entidades encabezan la lista del mayor número de bibliotecas cerradas, en todo el país persiste la crisis de una infraestructura que la federación, los estados y los municipios han desatendido, como lo afirma Alejandra Quiroz, experta en bibliotecas. Asegura que el problema principal es de origen y se debe al convenio tripartita que organiza la administración de las bibliotecas entre los tres niveles de gobierno.

“Aunque las responsabilidades están distribuidas, no existen mecanismos claros que garanticen su cumplimiento. Esto provoca que, por ejemplo, un espacio destinado a biblioteca pueda cambiar de uso con el tiempo”, asegura Quiroz, quien señala que las bibliotecas requieren servicios básicos como agua, electricidad y drenaje, asuntos prioritarios en el cumplimiento de la Agenda 2030.
“Requieren también infraestructura tecnológica: acceso estable a internet, conectividad inalámbrica y equipo de cómputo para uso de la comunidad. Hoy estos servicios son indispensables para garantizar el acceso a la información”, dice la experta.
Otra bibliotecaria en activo y que además ha sido supervisora de la Red Nacional de Bibliotecas y por ello opta por la confidencial, dice que prácticamente todas las bibliotecas del país se instalaron en lo que eran aulas y bodegas abandonadas, espacios que nadie utilizaba y que nadie quería precisamente porque eran espacios precarios, pero que se les hizo bueno colocar ahí una biblioteca.
La situación ha empeorado porque no hay presupuesto garantizado para el mantenimiento de la infraestructura, ni recursos para la adquisición de acervos. La última colección que les dieron fue la Biblioteca Centenaria 2021, que estuvo a cargo de Marx Arriaga, cuando estuvo al frente de la DGB; una colección que comenzó a ser distribuida en 2022.
El 1 de junio pasado, junto al anuncio de las nuevas titulares de la DGB (Guillermina Pérez Suárez) y en la Biblioteca Vasconcelos (Silvia Alejandre Prado), la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel, anunció una inversión de 20 millones de pesos, pero sólo para la atención de la Biblioteca Vasconcelos y la Biblioteca de México —ambas, bibliotecas federales—, pero nada dijo de la inversión para las otras 6 mil 448 bibliotecas que sobreviven en el país.
“No conozco, a nivel federal, que exista un presupuesto para las bibliotecas públicas, y esos 20 millones de pesos que se anunciaron es un recurso para la Biblioteca Vasconcelos y para la México. Y está bien, qué padre por los que están en la capital, pero ¿y las bibliotecas que están en zonas vulnerables y en zonas rurales y a las que nadie les hace caso y que llevan más de 30 años sin recibir una colección de libros?”, se pregunta la bibliotecaria y supervisora.
Asegura que se han olvidado del resto de la Red Nacional. “Lo único que existe es el pago al personal bibliotecario, pero muchos ni el salario mínimo perciben. Es una situación muy complicada, pero ojalá haya una política para obligar a todos los niveles de gobierno a dar un presupuesto a las bibliotecas, porque si realmente existiera un plan presupuestal, las bibliotecas no estarían en las condiciones en las que se encuentran”.

Alejandra Quiroz también coincide en que es indispensable que exista un presupuesto específico para el desarrollo de colecciones en las bibliotecas públicas. Dice que la Ley General de Bibliotecas establece responsabilidades, pero no define con claridad cómo, cuánto y bajo qué criterios deben realizarse las adquisiciones y que esas decisiones deberían estar respaldadas por políticas públicas claras y permanentes.
EL UNIVERSAL solicitó a la DGB atender una serie de preguntas. La respuesta fue breve: “Guillermina Pérez, titular de la DGB, quien cuenta con un mes en el cargo, está desarrollando y emprendiendo un diagnóstico a través de un trabajo coordinado con las redes estatales, que le permitirá actualizar la información que requiere para trabajar de una manera integral. Este diagnóstico debe ser por niveles y permanente para pasar a las acciones. Espera posteriormente ofrecer en tiempo y de manera responsable noticias sobre los avances”.
Sin embargo, Quiroz va más allá, dice que hoy las bibliotecas públicas son mucho más que espacios para consultar libros. “Son lugares de encuentro, aprendizaje, diálogo e inclusión social. Incluso funcionan como refugios climáticos o espacios seguros para la comunidad. Sin embargo, su identidad sigue estando en los acervos: son estos los que orientan los servicios y la programación bibliotecaria. En México existen experiencias valiosas, pero aún hay rezagos importantes en infraestructura, actualización de colecciones y financiamiento para alcanzar esos estándares”, concluye.
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