A un mes de cumplirse tres años de la denuncia en contra del arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer emprendida por la Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Centro INAH Quintana Roo, el Órgano Interno de Control del Instituto emitió su resolución: no se cometió falta administrativa alguna en la elaboración y posterior difusión de un escrito interno que documentaba, por primera vez, la devastación de bienes arqueológicos en los tramos 6 y 7 del Tren Maya.
Fue el 4 de marzo pasado que Cortés de Brasdefer recibió, a través del Sindicato de Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, la resolución, la cual celebra y prueba que sus señalamientos alrededor de la destrucción de patrimonio son verdad.
Al acta administrativa contra el arqueólogo se sumó a un acoso sistemático, ya que unos días después de que Cortés de Brasdefer alzó la voz y señaló a la Dirección del INAH de tener la intención de cesarlo y expulsarlo del Instituto, una serie de descalificaciones contra él y su trabajo se hicieron públicas a través de comunicados, entre ellas, mal uso de recursos públicos e incluso desacreditación de su formación profesional como arqueólogo.
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Esta resolución a favor de Cortés de Brasdefer se da en medio de uno de los puntos más álgidos de la política cultural del país, y luego de la denuncia pública de otros arqueólogos e investigadores del INAH que cuestionan fuertemente la versión oficial de las autoridades del Instituto, que afirman que no se dañó ni destruyó patrimonio arqueológico y que los Parques de la Memoria aledaños al Tren Maya y realizados con vestigios arqueológicos demolidos y trasladados se hicieron siguiendo las normativas internacionales.
En exclusiva, Fernando Cortés de Brasdefer habla de la resolución de su caso, y reflexiona sobre su situación y la negativa de las autoridades del INAH a debatir sobre el salvamento arqueológico alrededor del Tren Maya.
¿Qué se le notificó en la resolución del Órgano Interno ?
Quiero recordar, primero, que fue la autoridad del INAH quien presentó una denuncia por la difusión de un documento que ellos dijeron que era interno. A partir de eso, el Órgano Interno de Control nos estuvo llamando para presentar pruebas, para ver quién tenía la razón. Los abogados y yo presentamos las pruebas necesarias, sin embargo, el Centro INAH Quintana Roo nunca pudo probar lo que estaban denunciando. En los primeros días de marzo me llamó uno de los abogados y me comunicó la noticia de que se determinó que no incurrí en alguna falta administrativa, la cual fue muy halagadora para mí, luego se la comuniqué al Sindicato, pero ellos ya la sabían, ahí me dieron el acta resolutiva. Me puso muy contento, y es que atravesamos una situación muy compleja en materia política en el país, al grado que pensé que la resolución iba a ser en mi contra, pero afortunadamente el Órgano Interno actuó de manera imparcial, los abogados me explicaron que las acusaciones eran falsas, y la autoridad no pudo probar sus acusaciones falsas.
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¿De qué le acusó la dirección del INAH?
La acusación principal es que el documento que escribí para documentar la destrucción arqueológica y que pasé a través de WhatsApp a mis compañeros en todo el país, era interno. Cómo sabes, ese informe que escribí lo retomó mucha gente, instituciones e investigadores, pero no fui yo, yo no lo divulgué, se filtró a Facebook, pero la autoridad del INAH me atribuía esa responsabilidad. Entonces se pudo probar que yo dije la verdad, y es que detrás de esa primera acusación había una serie de falsedades, me parece que ya no tenía caso continuar. Estoy contento por la decisión del Órgano.
¿A que atribuye la decisión del Órgano Interno?
El primer golpe vino del director general de ese momento, Diego Prieto. Incluso, en las reuniones del sindicato con él, Prieto insistía en destituirme, y es que él se caracteriza por decir una cosa y luego hacer otra. Entonces mi sindicato no estaba de acuerdo con que se me despidiera por algo que yo no hice. Ese informe fue publicado y retomado también por investigadores, muchos sabían que yo decía la verdad, pero nadie más alzó la voz en ese momento por la delicadeza del asunto, porque el presidente (López Obrador) estaba de por medio, y el Tren Maya era la cereza del pastel, solo los medios comenzaron a apoyar, a difundir que Diego Prieto quería cortar mi cabeza, pero el sindicato nunca lo permitió. Mis compañeros saben que yo dije la verdad en ese escrito, me respaldaron también, y el asunto incluso se volvió internacional.
¿Ve esta resolución como una conclusión del caso?
Me siento más tranquilo, pero este año comencé a hacer año sabático, hasta diciembre pasado persistía el acoso de parte del director del Centro INAH Quintana Roo, Margarito Molina, que persiste en desprestigiarme emitiendo documentos que dicen mentiras sobre mi persona. Eso cesó hasta que tomé el sabático, entonces no sé qué me espere cuando regrese. Además, también tuve al Ejército vigilándome, hubo ocasiones en que tenía camionetas blancas vigilando mi casa, el acoso era fuerte, salí ileso físicamente, psicológicamente me siento deteriorado.
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¿Qué reflexión le deja la mesa de autoridades que defendieron lo realizado en Tren Maya?
Es lamentable que las autoridades no aceptaran debatir académicamente sobre el salvamento del Tren Maya. Me hubiera gustado estar frente a frente para decirles todo lo que he visto, pero no aceptaron. Al final estuve al lado de mis compañeros, que es donde debía estar. Agradezco públicamente a EL UNIVERSAL por su cobertura y buen manejo en la defensa del patrimonio cultural, espero que se mantenga esa libertad de expresión y libertad para dar voz a todos. Nadie debe ser silenciado y menos en estos casos.
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