Prioritario y urgente

Combatir la inseguridad, la corrupción y la impunidad para devolverle a millones de familias mexicanas la tranquilidad ha sido una de las tareas prioritarias del Ejecutivo Federal y del Congreso. De ahí, el periodo extraordinario de sesiones que el día de hoy ha convocado la Cámara de Diputados tiene por objeto analizar, discutir y, en su caso, aprobar la Ley Nacional de Extinción de Dominio, reformar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De acuerdo con el artículo 22 constitucional, reformado recientemente, la extinción de dominio será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y que se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, es decir, sobre los delitos que más lastiman a la sociedad y corrompen el entramado institucional.

La propuesta para la Nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio se estructura en tres ejes medulares: el tipo de bienes susceptibles de extinción, las autoridades implicadas en el procedimiento y el destino de los bienes.

La estrategia para combatir la delincuencia está orientada a recuperar las ganancias ilícitas para mermar la capacidad económica de los delincuentes en beneficio de las víctimas del delito, de la prevención y de quienes menos tienen.

La agencia antidrogas de los Estados Unidos de América (DEA), ha calculado que las ganancias de los cárteles mexicanos de narcotráfico son de 30 mil millones de dólares cada año, lo que significa aproximadamente 600 mil millones de pesos al año. Asimismo, hay que recordar que el delito de trata de personas, en sus diferentes modalidades, es considerado el segundo que más ganancias ilícitas reporta después del narcotráfico.

De acuerdo con datos oficiales, entre 2010 y 2017, únicamente se desahogaron 77 procedimientos judiciales en materia de extinción de dominio en el ámbito federal, como si en siete años solamente hubiera habido once delitos susceptibles de extinción de dominio.

El tamaño de la crisis de seguridad por la que atraviesa México se evidencia en los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE, 2018, realizada por el INEGI, la cual informa que existieron 25.4 millones de víctimas, lo que representa una tasa de 29 mil 746 víctimas por cada 100 mil habitantes.

De aprobarse esta nueva Ley, se aplicará un solo procedimiento a nivel nacional que sustituye las 32 leyes de las entidades federativas -distintas e, incluso, contradictorias entre sí-. Contar con un procedimiento único es fundamental para evitar la discrecionalidad y los vacíos jurídicos presentes en la legislación actual. Por ejemplo, en el caso del delito de trata de personas, en sus diferentes modalidades, superaremos el problema de la armonización legislativa que ha resultado, en la mayoría de los casos, lenta, incompleta e ineficiente.

El ordenamiento propuesto en el dictamen asegura la transparencia y la rendición de cuentas a través de un registro público donde se inscribirán los bienes, las demandas y las sentencias relativas a la extinción de dominio; de la creación del Instituto de Administración de Bienes y Activos, que será descentralizado y rendirá informes a las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública; y de la obligatoriedad para la Fiscalía General de la República y las Fiscalías locales de difundir y enviar al Senado los informes correspondientes.

Si se aprueban las reformas citadas, se estará construyendo un círculo virtuoso entre la ley y las políticas públicas, lo que garantizará el éxito de las estrategias emprendidas por el Presidente de la República. Los resultados obtenidos darán cuenta clara de la importancia de que los Poderes del Estado trabajen de manera coordinada para atender los problemas del país.

Hoy, después de mucho tiempo, tengo la sensación de que la lucha contra la trata de personas y el resarcimiento a las víctimas de este delito dejará de ser sólo un discurso que justifique la existencia de aparatos burocráticos y gastos banales. Por fin, sin tanta parafernalia, se está atendiendo lo que es verdaderamente urgente y prioritario.

Deseo que la jornada extraordinaria del día de hoy en la Cámara de Diputados sea exitosa, porque de ahí depende la seguridad, la certeza, la tranquilidad y la vida de las y los mexicanos.