Néstor Mauricio Sánchez Hernández

Parece redundante abonar a las diferentes opiniones vertidas ante el posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a eliminar todos los apoyos y transferencias económicas a organizaciones de la sociedad civil (OSC), bajo el argumento de una nueva forma de hacer política en la que el pueblo recibe directamente el “bienestar” mediante los programas destinados a grupos en situaciones de vulnerabilidad, como jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

En esta controversia, el mandatario ha pronunciado su desconfianza hacia las OSC, señalándolas como entes desapegados del pueblo, intermediarios que usurpan los recursos destinados a las personas, integrantes de una élite que nace, se desarrolla, responde y reproduce una lógica neoliberal que acentúa las brechas y la desigualdad en el país.

Antes de emitir algún juicio con respecto a la postura oficial, es relevante reflexionar en torno a los procesos necesarios para que una asociación civil accediera a recursos públicos.

Una asociación civil mexicana sin autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta (donatarias autorizadas), es decir, sin financiamiento privado, solía recurrir a las diferentes convocatorias federales y locales para hacerse de recursos que le permitían implementar proyectos en el marco de la Ley de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFAROSC).

Para participar en estas convocatorias, las OSC debían comprobar su existencia jurídica con un instrumento notarial en el que quedara asentado su objeto social, estar dadas de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Registro Federal de las OSC (a través de su CLUNI), mantener al corriente sus obligaciones fiscales, acreditar su experiencia y la de su personal en la implementación de proyectos sociales, además de contar con conocimientos y habilidades acordes a la temática y/o población a atender.

Los proyectos presentados por las OSC debían integrar un diagnóstico de la problemática a atender, alimentado de datos y estadísticas oficiales, además de información recabada por las asociaciones en las comunidades -dando fe de su arraigo social-, además de un marco conceptual y teórico, la justificación de la intervención, una explicación de la metodología a utilizarse y un panorama pormenorizado de la población beneficiaria y su contexto.

Complementariamente, era necesaria una matriz de marco lógico en la que se estipulaba un objetivo general en el que se alineaban objetivos específicos, líneas de acción, metas, actividades, cronograma de trabajo, materiales probatorios y una ponderación de cada línea de acción. Finalmente, se debía adjuntar un presupuesto detallado para la operación de los proyectos del cual, ni un solo centavo podía destinarse a la operación interna de las OSC.

Tomando como referente al Programa de Coinversión Social de Indesol, los proyectos presentados por las asociaciones eran dictaminados por una comisión tripartita que se integraba por expertos en los temas de las convocatorias: un representante del sector académico, otro proveniente de la administración público y uno de OSC que no participaban en el programa, además de un responsable de la institución convocante.

Las OSC apoyadas debían firmar un convenio con las instituciones convocantes en las que se asentaban sus responsabilidades, entre las más importantes, someterse a visitas de seguimiento, resguardar los materiales del proyecto durante, al menos 5 años, y comprometerse a presentar, en promedio, dos informes de actividades en los que rendían información sobre las actividades realizadas, el cumplimiento de los objetivos, los materiales generados y la población beneficiada. Asimismo, estos informes debían acompañarse reportes financieros respaldados por CFDIs (facturas) validadas por el SAT; es decir, un exhaustivo proceso que permitía a las instituciones convocantes contar con diversos elementos para evaluar los proyectos.

Una revisión a profundidad de los programas reseñados y sus procedimientos ponen de manifiesto que las asociaciones están a favor de la transparencia, la rendición de cuentas, la democracia participativa; a favor de ser parte del engranaje institucional que permita acercar el bienestar a aquellas personas y regiones en las que el Estado mexicano no consigue llegar, apoyándolo la gestión pública al poner sus recursos y conocimientos al servicio del pueblo.

El modelo aquí reseñado tiene diversas áreas de oportunidad y mejora; como todas las políticas públicas, debe ser evaluado en función de sus resultados y no de cuestiones dogmáticas o rencillas políticas. Acusar que todas las OSC son un lastre de corrupción arrastrado de administraciones anteriores, significa negar los avances democráticos e institucionales que no podían haber sido alcanzados sin el compromiso de una ciudadanía responsable, cuya movilización y organización, pusieron de manifiesto al Estado la importancia de abrir espacios a la pluralidad.

Ciudadanía para la Integración Social A.C.
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