Bartlett, el león(ino) de la 4T

Manuel Bartlett

cayó en la Cuarta Transformación con el pie izquierdo. Tras su nombramiento como director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue criticado por Tatiana Clouthier , la ex coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador , quien dijo que “había mejores opciones”. Luego Barclays, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, consideró “una mala señal” su designación al frente de la empresa.

Su radicalismo y el tufo político que se anticipaba le imprimiría a sus decisiones como director de la CFE auguraban un futuro azaroso a la empresa productiva del Estado. Y así ha sido. Sus primeras promesas fueron las de hacer un “borrón y cuenta nueva” con los adeudos por más de 43 mil millones de pesos que se arrastraban en estados como Tabasco, lo que provocó que incluso el precio de los certificados de la Fibra E cayeran 1% el 2 de julio, después del triunfo de AMLO, a contracorriente del buen desempeño que tuvieron el peso y la Bolsa aquella jornada.

“No estamos seguros de cuáles van a ser las prioridades del señor Bartlett como director general de la CFE, pero creemos que su nombramiento podría no ser una buena señal para los inversionistas internacionales”, avizoraron los analistas de Barclays, como si fuera una premonición de lo que siete meses después sucedería con la empresa eléctrica.

Antes de meterse en líos de arbitrajes internacionales con empresas constructoras de gasoductos, Bartlett ya experimentó otras crisis: la de los apagones en el sureste (un total de 18 desde que tomó la dirección de la CFE, según el Cenace) y el cambio a perspectiva negativa en la que pusieron su deuda las tres principales agencias calificadoras: Fitch, Moody’s y S&P.

Sin embargo, la afrenta legal contra las empresas constructoras de gasoductos podría ser su Waterloo. Bajo el argumento de que los contratos firmados en el sexenio de Enrique Peña Nieto contienen cláusulas y términos “verdaderamente leoninos”, el director general de la CFE inició demandas de arbitrajes internacionales en Londres y París.

¿Qué opinará Enrique Ochoa , el ex director general de la CFE, quien negoció y entregó los contratos a empresas como Fermaca, Carso Energy, IEnova y TransCanada? En pocas palabras, que son contratos cuyas cláusulas están en los estándares internacionales, y más aún: que para renegociarlos no se necesita un arbitraje internacional, sino sentarse a la mesa con los interesados para dirimir las diferencias.

El tema técnico por el que Bartlett quiere renegociar los contratos es por la llamada cláusula de “causas de fuerza mayor”, la cual ha aplicado a los siete proyectos de gasoductos que han retrasado su puesta en operación por asuntos de bloqueos y resistencias sociales. Sólo para el ducto Texas-Tuxpan, que tienen en sus manos IEnova y TransCanada, se les exige una retribución de 899 millones de dólares, tal cual le revelamos en esta columna el miércoles pasado. Lo que el director de la CFE desconoce o pretende desconocer es que el dinero que la empresa estatal ha pagado a las firmas privadas se recuperará con una extensión del servicio, pues eso también está estipulado en las cláusulas.

Pero el trasfondo de todo el asunto, según dice una fuente cercana a Bartlett, es político y apunta a la tecnocracia neoliberal que diseñó y aprobó la reforma energética, y a todos los involucrados en las decisiones del Consejo de Administración de la CFE. Hablamos, más o menos, de los mismos ex funcionarios que aprobaron y tuvieron injerencia en las compras de Agronitrogenados y Fertinal, los cuales el abogado de Emilio Lozoya , Javier Coello Trejo , se ha encargado de sacar a la luz pública : Pedro Joaquín Coldwell, Luis Videgaray, Miguel Messmacher y el propio Enrique Ochoa.

Lo que está en juego con la actitud de ‘león’ que ha tomado Bartlett –tal y como la metáfora que usó ayer en su conferencia de prensa– para supuestamente defender las finanzas de la CFE, es el abasto de gas natural y, en consecuencia, la generación de energía eléctrica en el país, principalmente en el sureste, donde se han registrado severos apagones.

El diferendo entre la empresa productiva del Estado y los privados podría escalar a un problema diplomático, e incluso retrasar la ratificación del T-MEC en Estados Unidos y Canadá. Por eso intervienen los presidentes de las cúpulas empresariales, quienes buscan zanjar las diferencias antes de que se convierta en un asunto que Donald Trump , que sí es leonino, chantajista y ventajoso, tome como otro pretexto para volver a amenazar a México.

Piden una Cruz Azul más transparente

En la Cooperativa Cruz Azul, que aún encabeza Guillermo Álvarez Cuevas, los socios insisten en la transparencia de los recursos y saber el origen y el destino de los mismos, toda vez que existen señalamientos respecto a que directivos de la firma cementera autorizaron pagos millonarios a empresas, así como la creación de compañías en paraísos fiscales.

Dichas operaciones nunca fueron informadas a los casi 800 socios cooperativistas, por lo que ya existen las denuncias e investigaciones correspondientes. Por lo pronto, los cooperativistas buscan que un auditor externo supervise las operaciones y con ello que exista un mayor control en cuanto a los gastos, al tiempo de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Ojalá ‘Billy’ acepte, piden los cooperativistas.

 
Favoritas con Peña y AMLO

Pigudi Gastronómico, que dirige Gustavo Rodríguez Yáñez, pasó de ser una empresa de banquetes a una que obtuvo contratos por más de 450 millones de pesos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, según aparece en la plataforma Compranet.

De este monto, aproximadamente 80% fue adjudicado de manera directa y 12% a través de invitaciones a por lo menos tres empresas, es decir que sólo 8% fue por una licitación pública federal.

Esta firma, ahora también consentida del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, proporciona servicios de alimentación a más de 600 empleados adscritos a la Oficina Presidencial.

Pero no todo el beneficio ha sido solo para Pigudi Gastronómico: también se ha visto favorecida su empresa hermana denominada Procesadora y Distribuidora Los Chaneques. Juntos han conformado una dupla ‘ganadora’ y se han repartido los principales contratos de alimentos del gobierno federal.

Procesadora y Distribuidora Los Chaneques es dirigida por Huber Solorio Cabrera, quien se inició como abarrotero, y cuenta con un historial de irregularidades. En 2011, la empresa fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública durante 30 meses, luego de presentar documentación falsa en los procesos de licitación de la SEP e IMSS.

No obstante, a partir de 2016 la empresa revivió mágicamente y actualmente se le han adjudicado contratos con el Estado Mayor Presidencial, la SEP, la Secretaría de Hacienda, Liconsa, el Archivo General de la Nación, el IMSS y el SAT, entre otras dependencias.