La educación es la República

Porfirio Muñoz Ledo

Todos sabemos que los debates presidenciales han sido un fiasco y no debiera permitir la autoridad electoral, en términos de la ley, las descalificaciones personales. Los grandes temas de la nación apenas son sugeridos con propuestas indefinidas. Todos ellos tienen un contexto histórico. Me referiré ahora a la educación. Morelos la definió, en 1814, como la columna vertebral de la República: “la instrucción, como necesaria de todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder”. La responsabilidad de la sociedad consigo misma. El Nigromante la llama “un esfuerzo comparable a la creación de una religión civil”. La llama que encendió José Vasconcelos para convertir la energía revolucionaria en la cultura. Como la definió el Plan Nacional de Educación de 1977, “un conjunto de compromisos nacionales, prioritarios e indeclinables”.

A pesar de los empeños promovidos en distintas épocas, esa tarea está muy lejos de haberse satisfecho en extensión, calidad y continuidad. La Ley de Instrucción Pública obligatoria, laica y gratuita de 1861, promovida por Benito Juárez, vino a cumplirse más de 100 años después gracias al empeño de Jaime Torres Bodet y a la determinación de Adolfo López Mateos. La obligatoriedad de la educación secundaria se estableció en 1992 —aunque la propuse formalmente 15 años antes— y la de la educación media superior, en 2012, con un transitorio que la hace exigible en 2022. Los avances obtenidos son insuficientes, sobre todo si se consideran las enormes diferencias entre regiones y poblados que los promedios disfrazan.

Hoy un millón 136 mil menores no cuentan con educación formal. Más de 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes tienen que trabajar prematuramente. El número de analfabetas ha permanecido intacto en una década: cerca de 6 millones de mexicanos. La deserción educativa, totalmente desatendida porque les disminuye gasto, así como el rechazo educativo merman la capilaridad social y profundizan la desigualdad. La inversión en educación es tan sólo del 0.51% del PIB, lo que nos ubica en el último lugar de la OCDE. Recordemos que el general Cárdenas, en su Plan Sexenal de 1933, estableció “un sistema educativo regido por el gobierno y el pueblo, encauzado hacia las clases campesinas y obreras, vinculada con sus problemas, necesidades y aspiraciones y acorde con los progresos de la técnica para la socialización de la riqueza”. Durante su gestión se invirtió en educación el 12.6% del producto nacional, a costa primordialmente del presupuesto de las fuerzas armadas.

Si un país quiere cambiar radicalmente su perfil económico y social, debe invertir lo que sea necesario para cambiar el futuro de una generación. “Dos grandes educadores”, Gabriel Betancourt Mejía, de Colombia, y Cristovam Buarque, de Brasil, abogaron por una concentración intensiva de recursos del Estado para modificar la posición social de los jóvenes. La estrategia “adoptar una generación” podría construir una realidad diferente en sólo 20 años.

El nuevo proyecto de nación exige definir la educación como el primer deber republicano. Resulta aberrante que el gobierno actual la jibarice al nivel de la “evaluación educativa”, que no es sino la persecución institucional de los maestros disidentes. La verdadera evaluación debiera dirigirse al sistema educativo en su conjunto: los objetivos académicos, sociales y económicos —su pertinencia en esos ámbitos—. Desde luego, la formación de los maestros, su capacitación continua, su ingreso digno y su liderazgo social. La UNESCO ha establecido que la educación rebasa las fronteras del aula y se dirige a la realización plena de la población y a la garantía del derecho del aprendizaje durante toda la vida.

La inversión en “capital humano”, para designarlo en términos funcionalistas, debiera comprender la creación de mecanismos institucionales para el desarrollo de la cultura y la investigación científica y tecnológica. La educación significa el conjunto de instrumentos privilegiados para la distribución del poder y del ingreso, el vehículo irremplazable para la integración de la sociedad y la inserción de nuestro país en el mundo global. En suma, todos los actores nacionales deberían converger en un proceso colectivo de interés nacional, como una obligación irrevocable para que el país se embarque seriamente en una revolución del conocimiento.

Comisionado para la Reforma
Política de la Ciudad de México

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