Desde el 21 de agosto y hasta el próximo 30 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) está efectuando una consulta para recibir observaciones y comentarios para realizar el Censo de Población y Vivienda 2020.

Este es un ejercicio obligado por ser información de interés nacional, pero que resulta fundamental para quienes diseñan la política pública y social del país, puesto que es una de las fuentes básicas de los diagnósticos de todo tipo.

El censo de 2010 fue un ejercicio emblemático, porque se realizó en el marco del segundo centenario de la declaración de Independencia de México.

A pesar de que involucró la participación de personas expertas de diversas especialidades, no faltaron activistas y organizaciones que cuestionaron los resultados, lo mismo que políticos, porque muchos criterios de asignación de recursos y de diputaciones dependen del tamaño de población en cada una de las entidades federativas y municipios del país.

En particular, hubo una fuerte discusión sobre la medición de población indígena y de personas con discapacidad, así como de la ausencia de algunos grupos de población como la afrodescendiente y de la diversidad sexual.

En el caso de población indígena, se preguntó en el cuestionario ampliado por la autoadscripción de las personas siguiendo el criterio de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, algunos académicos protestaron señalando que las personas pudieron haberse negado a reconocerse como indígenas, en una especie de autodiscriminación, por lo que la cifra estaría subestimada.

Para corregir ese supuesto error, en la Encuesta Intercensal de 2015, se preguntó: “De acuerdo con su cultura, ¿(Nombre) se considera indígena?”, dando como resultado que la cifra de población indígena con este fraseo se disparara enormemente: pasó de 15.7 millones de personas de 3 años o más (14.9%) en 2010 a 25.7 millones (21.5%) cinco años después.

El problema es que las estadísticas no son comparables, porque con un fraseo equivocado en 2015, se sobreestimó a este grupo, porque muchas personas orgullosas de las culturas indígenas y de nuestras raíces respondieron que sí se consideraban así.

Inegi cometió el error de dejarse presionar, porque debió de mantener el criterio de la OIT, que es la condición de autoadscripción étnica, reconocida por la propia persona, independientemente de sí habla o no una lengua indígena, dándole el derecho a la identidad personalísima, que también se está dando en otros aspectos como el de género.

En lo que respecta a las personas con discapacidad, se estimó que en México había 5.7 millones en esa condición en 2010, esto es 5.1% de la población utilizando la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).

De nuevo surgieron los detractores que alegaban que si en el mundo representaban 10% o incluso 15% de la población total, Inegi estaba subestimando la cifra.

El argumento es una clásica falacia de composición, porque lo que es válido para un todo no tiene que serlo para todas las partes.

Ese 10% se compone de un promedio ponderado de todas las naciones, es decir, en algunos países que han padecido guerras y desastres naturales o que tienen porcentajes elevados de población adulta mayor, el porcentaje pudiera ser superior al 10% y a la inversa en caso contrario.

Inegi tomó la decisión de no preguntar sobre personas con discapacidad en la Encuesta Intercensal 2015 argumentando que las cifras podrían obtenerse de registros administrativos o de otras encuestas. Sin embargo, esto no resultaba adecuado, porque una gran parte de la población no cuenta con seguridad social ni está registrada en los diversos servicios de salud.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014 y la Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2014, sirvieron como base para la publicación La discapacidad en México, datos a 2014, pero no permiten la comparación con los de 2010, porque la metodología es diferente.

Sin embargo, hay que reconocer que la ENADID 2014 es un gran avance, porque se incluye por primera vez un apartado sobre discapacidad con el set completo de preguntas del Grupo de Washington.

Respecto a la población afrodescendiente, se preguntó por primera vez en la Encuesta Intercensal de 2015 sobre su adscripción, por lo que se estimó que había 1.4 millones de personas que así se consideraban, equivalente a 1.2% de la población nacional.

Existe la hipótesis de que está subrepresentada, porque no se quiso preguntar abiertamente si la persona se consideraba negra.

Ojalá Inegi averigüe primero cómo quieren que se les llame y sean reconocidas las personas; y no darlo por supuesto basado en recomendaciones de expertos, evitando cualquier posible sesgo generado por juicios previos.

Catedrático de la EST-IPN
Email: pabloail@yahoo.com.mx

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