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En el país es necesario seguir construyendo vivienda para abatir el déficit de más de 7 millones de casas que se necesitan anualmente, señaló el director de la Comisión Nacional de Vivienda, Jorge Wolpert Kuri, organismo descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Estas viviendas deben ser sociales y encontrarse dentro de los perímetros autorizados para evitar la expansión descontrolada de la mancha urbana, con los altos costos sociales y públicos que esto genera.

Ejemplificó con el caso de la Ciudad de México, en donde desde hace 20 años, dijo, no se ha construido vivienda social; es decir, que sea asequible como la de interés social, pero para personas que no cuentan con prestaciones del tipo del Infonavit o el Fovissste.

Explicó que la construcción de vivienda social es necesaria para saldar la deuda histórica con el sector de la sociedad que ha sido desplazado a las periferias con la promesa de obtener una casa barata, pero que al final resultó con una elevada inversión de tiempo y calidad de vida para las personas, derivado de los traslados que tienen que hacer para llegar a sus centros de trabajo y de una alta inversión de recursos públicos, puesto que en estos desarrollos habitacionales es necesario llevar servicios e infraestructura.

“Por ejemplo, en la Ciudad de México en los últimos 20 años no se ha construido vivienda social. Muchas de las personas que nacieron aquí viven en el Estado de México o Puebla, que hacen tres horas de ida al trabajo y otra vez de regreso. El rezago en materia de vivienda social es espectacular. Es necesaria una visión donde la construcción de vivienda se siga dando, en una ciudad como la de México pero también en el país, donde el rezago es de prácticamente 7 millones de casas que se necesitan”, aseguró.

Durante la mesa de diálogo Derecho a la Ciudad que se celebró en el Laboratorio Arte Alameda en el marco del Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli 2017, el titular de la Conavi mencionó que la construcción de vivienda es una de las industrias que generan mayor movilidad económica, y que por cada peso que entrega el gobierno federal en subsidios para vivienda genera una inversión de cinco pesos.

“La derrama económica de construir vivienda es tan importante que bien canalizada y bien orientada, en función de donde está la infraestructura, ahí es en donde se tiene que invertir. Es una necesidad. Se requiere crear un eje que obligue a hacer las cosas de la mejor manera. Estamos en una transición en la que no se ve la construcción de vivienda sólo desde una perspectiva financiera, sino como parte de una ciudad, de un entorno”, dijo.

En la mesa de diálogo, el ex alcalde de Quito, Ecuador, Augusto Barrera, advirtió que en la actualidad la adquisición de vivienda se está viendo como “ahorrar en lingotes de oro”, como si se tratara de una inversión, lo que ha resultado en que en muchas ciudades del continente “abunden” las viviendas no habitadas o abandonadas, así como personas que no tienen casa.

“Deja de ser un valor de uso para vivir y ahora está cumpliendo un papel parecido al de los lingotes de oro. Comenzamos a tener millones de gente sin casa y millones de casas sin gente. Debemos pensar en la vivienda como en inversión social, no en inversión pública o privada”, dijo.

En la jornada, la Sedatu dio a conocer los proyectos ganadores del concurso Iniciativas, propuestas y proyectos de innovación del espacio público en la construcción del derecho a la Ciudad, certamen que convocó a más de 250 propuestas de ciudadanos de todo el país sobre cómo recuperar y apropiarse de los espacios públicos.

El objetivo de este certamen que premió con 20 mil pesos a los ganadores de cada categoría fue reconocer a los proyectos que se están llevando a cabo para lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Se destacaron los esfuerzos que desde la sociedad civil, la academia, estudiantes y desde los gobiernos se han hecho para proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, los adultos mayores y para las personas con discapacidad.

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