El senador Miguel Barbosa Huerta (PRD) estableció que el marco jurídico como está, en materia  de matrimonios igualitarios, "está resuelto".

Cualquier pareja homoparental de cualquier estado de la República a la que se niegue el derecho de contraer matrimonio, podrá promover juicio de amparo y a través de ello conseguirá el ejercicio de ese derecho, señaló el coordinador de la bancada perredista en el Senado.

Así, el abandono o deslinde del priismo a la iniciativa del presidente Enrique Peña, “no tiene consecuencias reales”, dijo el legislador de izquierda al sustentar el apoyo de su bancada a los derechos de las parejas gay a contraer matrimonio civil.

Informó que su bancada presentará su propia iniciativa, que inclusive podría ser “idéntica a la del Ejecutivo”, con el propósito de mantener el interés y construir un debate articulado y ordenado, estableció Barbosa Huerta.

El apoyo de Barbosa Huerta y de la bancada senatorial priista se sustenta en que “las preferencias sexuales o la orientación sexual son derechos humanos que tienen que ser garantizados bajo los principios mencionados de igualdad y no discriminación”.

“Negar el derecho a contraer matrimonio a personas del mismo sexo resulta discriminatorio y atenta contra su dignidad y libertades”, dijo Barbosa.

En un comunicado, el coordinador de los senadores perredistas, reportó que “en 12 estados de la República ya se aprobó en sus códigos civiles la legalidad de los matrimonios igualitarios, es decir, armonizaron su legislación ordinaria al texto constitucional y a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Así, 20 entidades están pendientes de actualizar su marco legal, y aún mantienen una legislación ordinaria, contra la Constitución general de la República y los criterios de la Suprema Corte, dijo.

Consideró que el asunto de los matrimonios igualitarios, “está siendo aprovechado por la cúpula eclesiástica para recuperar espacios de poder que ha perdido”.

Dijo: “El tema de los derechos derivados de la dignidad humana, de las preferencias sexuales, de la orientación sexual, del derecho al matrimonio entre las parejas del mismo sexo, insisto, ya está resuelto por la Constitución y la Corte; si se debaten, debe ser por el conjunto de la sociedad y no, como se pretende, resolverlos entre la Iglesia y el Poder Civil. Hay que recordar que el Estado mexicano es un Estado laico”.

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