Garantizar la protesta social en México, exigen ONG

politica@eluniversal.com.mx

La protesta social en México no puede ser limitada, pues se trata de un derecho, de un instrumento ciudadano para atraer la atención pública y urgir la solución de conflictos graves, así lo establece el Informe sobre los retrocesos en las libertades de expresión, que presentará hoy el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social.

Miguel Moguel, investigador del área de Derechos Humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, una de las organizaciones que participó en la elaboración del informe, señaló que el Estado debe garantizar, en esta colisión de derechos, tanto la protesta en las calles como el libre tránsito del otro sector de la sociedad.

Entrevistado por EL UNIVERSAL, el especialista en derechos humanos dijo que la protesta juega un papel importante en desfogar la frustración de algunos ciudadanos, pues se trata de una respuesta de la sociedad a las omisiones, las acciones no satisfactorias o al fracaso del Estado.

Puntualizó que en un Estado democrático los controles deben ser sobre el poder de ese Estado y no sobre el ejercicio de derechos de la ciudadanía. En ese sentido, indicó que la Ley de Movilidad en el Distrito Federal contraviene los derechos a la libertad de expresión, de reunión y asociación.

Miguel Moguel mencionó que la ley se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por dos acciones de inconstitucionalidad que presentaron las comisiones de los Derechos Humanos nacional y la del Distrito Federal.

“Por eso sería bueno que la Suprema Corte [de Justicia de la Nación] sentara un precedente, porque a lo largo de los últimos tres años ha habido una escalada en los intentos de emitir normas en los estados para controlar las manifestaciones”.

Garantizar libre tránsito. Durante la charla, el investigador subrayó que el derecho, la libertad de protestar y tomar las calles no pueden estar acotadas a horarios ni a uso de espacios. Sin embargo, indicó que sí puede haber algunos ordenamientos para facilitar el tránsito vehicular.

“Cuando el Estado responde frente a esa protesta reprimiendo, cuando utiliza la fuerza para disuadir la movilización, cuando utiliza el aparato legislativo para crear leyes y regular, está abdicando al mandato constitucional y democrático que tendría que ser el de proveer mecanismos para garantizar el derecho a la manifestación”.

El documento menciona que en el país hay una clara tendencia a impedir la protesta por medio de leyes, marcadas principalmente por un rechazo a las expresiones sociales de denuncia y exigencia. Indica que las llamadas “leyes antiprotesta” son un retroceso en los derechos para la libre expresión. Se advierte que las normas para regular las marchas dan facultades a las autoridades para restringir el espacio público a los manifestantes, por lo que las organizaciones llaman no promover más leyes que inhiban la protesta mediante horarios y lugares.