El Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados resaltó las reformas a la Ley de Tortura al considerarlas acorde a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos por prever sanciones más severas a servidores públicos con 20 años de prisión o más en este tipo de casos.

La vocera del grupo parlamentario del sol azteca, Cristina Gaytán, señaló que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,  Inhumanos o Degradantes, engloba las exigencias que todo Estado democrático debe garantizar para combatir y erradicar la tortura.

Gaytán Hernández dijo que también se asumirán, como nación democrática y respetuosa de la legalidad, el cumpliendo de las obligaciones internacionales suscritas por el Estado mexicano.

Refirió que la pena será de 10 a 20 años para los servidores públicos y de 6 a 12 años para los particulares.

La pena se podrá aumentar hasta la mitad si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad, adulto mayor, indígena, periodista, afrodescendiente u otro sujeto con mayor vulnerabilidad.

Indicó que la Ley es un logro dentro del Congreso y más adelante se pueden aun perfeccionar con delimitar de forma más detallada los derechos de las personas con discapacidad, la capacidad de reacción del estado para atraer la investigación de casos de tortura y observar la culpabilidad que puedan tener este tipo de situaciones los mayores jerárquicos que mandaten la tortura.

La perredista expuso que “si un sistema es permisivo ante la tortura, además de ser indiferente ante el dolor, daña la procuración de la justicia... aunque existían disposiciones estatales, federales e incluso constitucionales, al ser sus conceptos imprecisos e insuficientes, generaban resquicios en los que no se combatía a fondo la tortura”.

En este sentido, con la aprobación de este dictamen ahora se legislará en torno a crear una ley de carácter general, estableciendo coordinación y competencia entre los tres órdenes de gobierno, evitando omisiones e imprecisiones.

Se establecerá que la investigación y persecución del delito de tortura sea de oficio, además de por denuncia o vista de la autoridad judicial, y que su sanción sea imprescriptible.

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