Investiga FEPADE a Cuauhtémoc Blanco

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La Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), investiga al ex futbolista Cuauhtémoc Blanco por el presunto cobro de 7 millones de pesos al Partido Social Demócrata (PSD) para ser su candidato por la alcaldía de Cuernavaca.

La fiscalía que encabeza Santiago Nieto Castillo abrió una carpeta de investigación por los señalamientos públicos en contra del presidente municipal ante la posibilidad de que se haya cometido un delito relacionado con la fiscalización de recursos públicos, informaron fuentes federales a EL UNIVERSAL.

Por rebasar los topes de campaña en las pasadas elecciones, el criterio del INE fue imponer multas equivalentes a 100% del monto rebasado. La anulación procede sólo si la diferencia de votos del ganador es 5% menor de su oponente más cercano. En este caso, la diferencia de Blanco con Maricela Velázquez (PRI) fue 8%.

El Consejo Estatal Electoral definió que los candidatos para la presidencia de Cuernavaca tendrían un tope de 4 millones 200 mil 915 pesos.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales establece en su artículo 15 que se impondrán entre mil y 5 mil días de multa, y de cinco a 15 años de prisión “a quien por sí o por interpósita persona, realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, cuando exista una prohibición legal para ello, cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito o en montos que rebasen los permitidos por la ley”.

La pena prevista en el párrafo anterior aumenta hasta 50% cuando la conducta se realiza en apoyo de una precampaña o campaña electoral.

La FEPADE establece que se considera un delito electoral cuando “se realice, altere, utilice o reciben aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello”.

En tanto, el INE define como fiscalización “revisar el origen, monto, destino y aplicaciones de los recursos para comprobar que sean utilizados de manera correcta y conforme a lo establecido por la normatividad”.

Para financiamiento, “bajo ninguna circunstancia los partidos políticos o candidatos podrán recibir aportaciones o donativos de dinero o en especie de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dependencias públicas, partidos políticos, iglesias, organizaciones civiles ni mercantiles; tampoco de personas físicas con actividad mercantil, personas morales, mexicanas o extranjeras, colectas públicas ni de personas no identificadas”, describe el INE en su portal de internet.

Especialistas consultados coinciden en que el contrato supuestamente celebrado entre Blanco y el PSD se trata de una defraudación para los electores, pero será difícil de comprobar que hubo un delito porque se trata de un hecho inédito que la legislación electoral no tipifica.

“No hay un antecedente similar en el que un partido político le pague 7 millones de pesos a una persona para que sea candidata. Es un acto, en caso de demostrarse, de una deshonestidad enorme por parte del partido político y por parte del candidato.

“No creo que exista en la legislación penal, no tengo elementos para decir que se pudiera configurar un delito bajo ninguna circunstancia. No existe. ¡Es atroz!, nadie se puede imaginar que se le paguen 7 millones de pesos a una persona para que sea candidato”, señaló en entrevista Germán Pérez Fernández del Castillo, ex consejero magistrado del extinto Instituto Federal Electoral (IFE).

Xavier Castañeda Espinosa de los Monteros, ex asesor jurídico del Instituto Electoral del Distrito Federal, dijo que “si se firmó un contrato, como se ha dicho, por supuesto que se estaría consumado un delito, ya que están poniendo una cantidad para llegar a ser un servidor público.

“Se está hablando de corrupción porque se está vendiendo una plaza pública. Ambas partes están participando en la corrupción de ese acto; si se firmó ese contrato, ambas partes son culpables y ambas deberán tener algún tipo de sanción”, dijo.

El pasado 2 de septiembre, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE dio a conocer que inició una investigación de oficio en contra del ex delantero en la que se preveía que fuera citado, junto con los dirigentes del Partido Social Demócrata, para explicar el supuesto contrato.

El presidente de la Comisión de Fiscalización del instituto, Ciro Murayama Rendón, aseguró que de confirmarse que hubo un contrato se daría parte a la FEPADE para que indague los hechos.