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La Cámara de Diputados cerró el segundo periodo ordinario con dictámenes en el tintero.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, César Camacho (PRI), señaló que debido a que varias minutas llegaron la madrugada del viernes 29 de abril sería una “irresponsabilidad” de su parte haberlas procesado sin que hayan “tocado base” en comisiones.

“En la Junta de Coordinación Política alcanzamos acuerdos para que la tercera semana de cada mes, cuando menos sesionen las comisiones ordinarias, para que tengamos dictámenes listos para el eventual periodo extraordinario de sesiones, o para el periodo ordinario que empieza en septiembre”, afirmó.

Durante las 30 sesiones que realizó la Cámara de Diputados fueron aprobadas nuevas leyes en materia de: Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios; la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales —a propuesta del Ejecutivo—; la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, la cual permitirá fijar el nuevo salario mínimo, y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos.

Avalaron cinco enmiendas, entre las que se encuentran: la reforma política del Distrito Federal, con la cual se crea la Ciudad de México como una entidad federativa con autonomía en su régimen interior y a su organización política y administrativa, y se establece un régimen transitorio, encargada de aprobar y expedir la Constitución Política de la nueva entidad.

La reforma de desindexación del salario mínimo; facultad del Congreso para expedir las leyes generales en materia de desaparición forzada y la creación de la Secretaría de Cultura.

La 63 Legislatura dejó aplazadas las seis iniciativas del Ejecutivo, de las cuales sobresale la creación de la Comisión Federal para la Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención Médica, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, que garantice la calidad en el proceso de atención.

Dejaron sin debatir las modificaciones que el Senado hizo a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Los diputados dejaron en la congeladora, una vez más, la Ley General de Aguas, la Ley de Consulta Popular, así como renovar la Ley de Fiscalización, la cual permitirá que la Auditoria Superior de la Federación sea más eficiente.

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