Critican alta cifra de quejas contra la CFE

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda (PRD), expresó que resulta contradictorio que mientras se presume una supuesta reducción de tarifas eléctricas, la Comisión Federal de Electricidad registre 2 mil 273 quejas al mes.

Declaró que la principal queja de los usuarios es que la empresa “se niega a corregir errores de cobro o de estimación, así como cobros de cuotas extraordinarias que la gente no entiende o desconoce”.

Indicó que según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la empresa acumuló de enero a septiembre del presente año 22 mil 731 quejas.

Cuestionó el papel de la Profeco, pues pese a tal cantidad de reclamaciones, apenas ha impuesto 185 multas a la empresa dirigida por Enrique Ochoa Reza, por 7 millones 21 mil 298 pesos que, “no representan nada para la CFE”.

Es de llamar la atención que mientras el gobierno federal mantiene una amplia campaña publicitaria destacando que bajó el costo de la electricidad, exista tanta queja, señaló.

Ojeda adelantó que promoverá un punto de acuerdo para que el titular de CFE informe cuánto en realidad se ha reducido la tarifa eléctrica y por qué tantas quejas y, sobre todo, qué hace para solventar reclamos de usuarios.

Recordó que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al menos se tienen seis años de trabajo con miles de usuarios que se ven afectados por los cobros excesivos que “de un día para otro —dijo— pasan de 300 o 400 pesos bimestrales a dos mil, tres mil, seis mil, 20 mil pesos o hasta más”.

El diputado declaró que pese a sostener reuniones con Ochoa Reza “el funcionario hizo oídos sordos ante los reclamos” y la única alternativa que daba a los usuarios era “o pagas o pagas”.

Más que alguna explicación, la CFE multiplicó los cortes de luz e implementó una política de amedrentamiento para obligar a consumidores a saldar los altos adeudos, dejándolos en la disyuntiva de pagar o comer, dijo.

Los cortes, añadió, se hacían de manera indiscriminada sin importar que se tratara de personas de la tercera edad o enfermos que estuvieran conectados a un aparato que necesitara electricidad para su funcionamiento, poniendo en riesgo sus vidas.

Por si fuera poco, indicó, por medio de empresas intermediarias llegaba a los domicilios a cortar la energía eléctrica e, incluso, en ocasiones los usuarios se quejaron de que llegaban acompañados de la fuerza pública.