Propone PRD atacar corrupción como delincuencia organizada

El senador Luis Humberto Fernández Fuentes lamentó que la corrupción y la impunidad han vulnerado al Estado, incompetente para retener delincuentes de alta peligrosidad, y han hecho de sus prácticas un elemento que parece omnipresente en la vida cotidiana, por lo que presentó una iniciativa de reformas al Código Penal Federal que califica como delincuencia organizada las redes de complicidad contra la ley.

Las prácticas de corrupción han generado en México un breviario de la podredumbre, que tiene actores privados y públicos que actúan de acuerdo y en organización en actos de secuestro, narcotráfico, extorsión, desaparición forzada, soborno, tráfico de influencias, cohecho, desvío de recursos, abuso de autoridad, condicionamiento de servicios públicos, prevaricato, malversación.

El legislador del PRD agregó en las prácticas corruptas el pago a sobreprecios, compras innecesarias, retraso injustificado de pagos, nombramientos basados en el interés de grupo, uso indebido de información, desarrollo de proyectos a solicitud y acuerdo del contratista, otorgamiento y mantenimiento de concesiones para favorecer a privados.

Incluso se cometen en contubernio sentencias trucadas, incompetencias pactadas, negligencia a modo, apropiación de bienes públicos, trampas en las elecciones, corrupción de jueces y de los jueces, perversión de la justicia, permitir fugas, la lucrativa omisión,  entre muchos otros actos de corrupción en grupo.

En tribuna del Senado, Fernández Fuentes argumentó su iniciativa de considerar delito de delincuencia organizada, y por tanto grave, los actos de corrupción en el servicio público y que por ello se castiguen con cárcel de 10 a 15 años y multa de 150 a 450 días.

La iniciativa de Luis Humberto Fernández Fuentes, quien es secretario de la mesa directiva del Senado, plantea reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

En dichos preceptos adiciona que actuar en asociación o banda, al corrupto se le destituya, desde luego, de su empleo, cargo o comisión, y pueda ser sujeto de prisión de 10 a 15 años y multas de 150 a 450 días, y se le inhabilite de tres años y hasta en forma permanente para desempeñar cargo o comisión públicos.

Integrantes de las Fuerzas Armadas que resulten implicados en una red de corrupción, recibirían penas que aumentan en una  mitad; se le impondrá la baja definitiva, y se le inhabilitará de cinco años hasta de forma permanente para desempeñar cargo o comisión públicos.

Al exponer sobre su propuesta, Fernández Fuentes señaló que “los actos de corrupción no son realizados por actores aislados: se desarrollan sobre la base de redes de corrupción que constituyen una industria integrada, que cubre desde la planeación, operación, manejo financiero, blindaje jurídico, hasta la cobertura política. La ingeniería de la corrupción es compleja, sólida y funcional”, advirtió.

Al exponer sobre la mecánica de la corrupción, el senador perredista señaló subrayó que “la corrupción se potencia por la interacción de dos vectores: el uso del imperio del Estado para la lucha y conservación del poder, y la apropiación de los bienes públicos para la generación de condiciones ventajosas de negocios”.

Los daños se acumulan y han vulnerado al Estado de derecho, la democracia y el libre mercado, y el escenario es desalentador, dado que “el aparato actual para combatir la corrupción alimenta la impunidad y es funcional únicamente al corrupto”.  De esta situación, dijo, “sólo podrá resultar un Estado de bandoleros”.

Dijo que las dimensiones de la corrupción son descomunales y, en ese sentido, “para ilustrar el tamaño del problema podemos decir que todos los recursos del narcotráfico sólo son un segmento de esta industria”.

Refirió que al inicio de 2015, 60 por ciento de los mexicanos percibía un aumento en la corrupción, mientras que 36 por ciento la consideraba el principal problema del país.  Agregadas las prácticas de impunidad, lo que se genera es desconfianza ciudadana hacia quienes deben sancionar estas conductas.

Agregó que el Barómetro Global de la Corrupción da cuenta de que en México 87 por ciento asocia a los servidores públicos con corrupción.  Los hechos son contundentes afirmó el legislador, ya que la información de la Secretaría de la Función Pública arroja que el número de sancionados es ínfimo y centrado en operadores de bajo nivel.

“La atrofia es tal, que la Secretaría de la Función Pública ni siquiera existe en la Ley Orgánica de la Administración Pública. Es decir, es un órgano sin un fundamento firme y el nuevo sistema no empieza a funcionar”.

Corrupción delito de delincuencia organizada

Por lo tanto la propuesta que hoy pongo a consideración de ustedes es equiparar los delitos de corrupción a crimen organizado.

Formuló nueve razones, dijo, por las que los delitos de la corrupción se deben equiparar a los de delincuencia organizada:

“1. Porque lo son, son grupos de individuos que se ponen de acuerdo para delinquir, por lo tanto es crimen organizado en los términos que la Constitución lo define. Son organizaciones criminales porque no delinquen una sola vez, su operación es sistemática y permanente.

“2. Esta idea es consistente con los planteamientos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que define “grupo delictivo organizado” en este sentido.

“3. Porque daría mayor potencia al Estado, a la nueva fiscalía y al sistema anticorrupción.

“4. Frente al incentivo de la recompensa inmediata, generemos un desincentivo de la posibilidad efectiva de una sanción severa y posible.

“5. Permitiría un cambio de estrategia, enfocándose en las organizaciones criminales enquistadas en el aparato público.

“6. Obligaría a las empresas a un mayor control y una vigilancia más cercana de sus actos.

“7. Es una acción racional para la preservación y el crecimiento del Estado.

“8. Mostraría la semilla de un pacto político para limitar las acciones criminales y antiéticas que  fortalezcan la democracia y el tejido social.

“9. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué negar una realidad? ¿Por qué apostar por una lógica fallida? ¿Qué otra alternativa hay para atacar las redes de corrupción?”

La iniciativa fue turnada a comisiones para su estudio y dictamen.