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El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Antonio Meade Kuribreña, llamó a la federación, estados y municipios, así como a los empresarios y al sector obrero a reducir la falta de acceso a viviendas de calidad.

Durante un encuentro con trabajadores del Infonavit, en Puerto Vallarta, Jalisco, el funcionario subrayó: “Basta de brechas y desigualdad en la calidad de la vivienda de los hogares mexicanos”.

Resaltó que en la más reciente medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se señala que 14.8 millones de personas habitan actualmente en viviendas que carecen de calidad y espacios adecuados.

Insistió en que 70% de esta carencia se explica por el fenómeno de hacinamiento, el cual “merma la calidad de vida y expone a los integrantes de una familia a sufrir acoso y abuso”.

Meade, quien realizó una gira de trabajo por Jalisco, puntualizó que es objetivo central de la política social del gobierno federal cerrar las brechas de desigualdad “inaceptables”.

Expuso que el reto de la pobreza extrema en México demanda de un esfuerzo estructural para empoderar al ciudadano en el ejercicio de cada uno de estos derechos.

En su encuentro con trabajadores del Infonavit, el titular de la Sedesol explicó que el programa Crédito+1Recámara ofrece opciones de financiamiento para derechohabientes con ingresos de hasta cinco veces el salario mínimo, para de esta forma poder construir una recámara adicional.

Además, con el programa Movilidad Hipotecaria los derechohabientes podrán hacer uso de la vivienda que actualmente poseen como garantía de un crédito para hacerse de otra que se ajuste a sus necesidades, mencionó Meade Kuribreña.

El secretario de Desarrollo Social se reunió también con organizaciones civiles de Jalisco y Nayarit, a quienes reiteró la convocatoria de sumar esfuerzos para avanzar en la reducción de las carencias sociales, a fin de construir una sociedad incluyente y con pleno ejercicio de sus derechos.

Subrayó que el gobierno de la República plantea seis elementos para lograr un pleno ejercicio de derechos, donde las familias tengan alimentación, educación, salud, seguridad social, espacios y calidad de la vivienda, y un ingreso remunerador.

“Ni el gobierno federal con todo su empeño, ni los gobiernos estatales y municipales pueden solos, ya que para generar condiciones plenas de inclusión se requiere sumar a la sociedad civil y al empresariado”.

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