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Pide MC no restringir datos de declaraciones

Nación 05/07/2016 02:07 Suzzete Alcántara Actualizada 02:07

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El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados presentará una acción de inconstitucionalidad por restringir la publicidad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de interés de los funcionarios públicos en la Ley General de Responsabilidades, conocida como Ley 3de3, anunció su coordinador, Clemente Castañeda.

“La discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción no se acaba hoy, vamos a insistir en que se reforme el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades, para que las declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés sean completamente públicas”, señaló.

Clemente Castañeda recordó que el Ejecutivo vetó el artículo 32 de esa ley para particulares, pero declinó hacer lo mismo con el artículo 29, en el que se restringe la publicidad de las declaraciones de funcionarios públicos; razón por la cual los diputados de su bancada promoverán una acción de inconstitucionalidad.

“Su redacción impide el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información garantizado por la Constitución, ya que es contradictorio sostener por un lado la publicidad de las declaraciones y por otro condicionarla a la posible afectación de la vida privada de un servidor público”, anotó.

El líder parlamentario agregó que el espíritu del artículo 29 es establecer mecanismos de control y supervisión sobre la actuación de los servidores públicos, mediante la publicidad de las declaraciones, “cosa que no se cumple con la redacción actual del artículo”.

Externó que hará un llamado a los líderes de bancada para que firmen la petición, con el fin de que proceda la acción de inconstitucionalidad, y con ello enmendar el error que cometieron el PRI y sus aliados al ignorar la iniciativa 3de3 ciudadana.El diputado resaltó que de acuerdo con el artículo sexto constitucional, la divulgación de información confidencial sólo podrá realizarse en los “términos y con las excepciones que fijen las leyes”, por lo que compete al Poder Legislativo valorar qué datos personales pueden difundirse.

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