El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nombró ayer a los nuevos jefes militares del país; la mayoría de ellos enfrentan denuncias de diputados opositores por violar los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales. En tanto, el Tribunal Supremo de Justicia admitió una solicitud para determinar si hay méritos para llevar a juicio a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, tras las acciones que emprendió contra la alta corte.

Con la consigna de “a ganar la paz, que es nuestra meta”, Maduro reemplazó al jefe de la Guardia Nacional, el mayor general Antonio Benavides, por el también mayor general Sergio Rivero, en medio de fuertes críticas al componente, luego de que tres de sus efectivos fueran captados en fotos y videos disparando a manifestantes el lunes. También ratificó al general Vladimir Padrino como ministro de Defensa, otro funcionario criticado por el papel de las Fuerzas Armadas en la contención de las protestas.

Los nuevos jefes del Ejército, la Armada, la Aviación y del Comando Estratégico Operacional, el máximo órgano de planificación y ejecución de las Fuerzas Armadas, también están incluidos en la denuncia opositora. El Ministerio Público no se ha pronunciado sobre estas acusaciones.

“Generales y almirantes que denunciamos ante el Ministerio Público por cometer atrocidades contra venezolanos, son premiados y ascendidos”, escribió en Twitter la diputada opositora Gabriela Arellano. “Que quede claro que el ser ascendidos no los exime de la responsabilidad de las atrocidades cometidas”, agregó. Rivero habría sido denunciado por tortura en 2004, según Rocío San Miguel, analista de temas militares.

Mientras que el antejuicio de mérito de la fiscal, solicitado por el diputado chavista Pedro Carreño y admitido ayer por el Supremo, podría implicar el cese temporal en las funciones de Ortega Díaz.

El TSJ acordó convocar a una “audiencia pública” y notificar a Ortega Díaz y a Carreño para que comparezcan ante el plano del tribunal “y expongan lo que consideren pertinente”. Ortega, chavista que ha denunciado al gobierno y reclamado se suspenda el proceso de Asamblea Constituyente, advirtió ya que llegará “hasta donde se lo permita la let” ante la posibilidad de ser enjuiciada. Advirtió que lo que está pasando “es la muerte del derecho... de las instituciones y quizá se está cerrando la última puerta de la democracia que es el Ministerio Público”.

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