La Unión Europea pidió ayer al Reino Unido “progresos suficientes” en las negociaciones del Brexit antes de abordar su “relación futura”, un rechazo de la visión de Londres de avanzar rápido y discutir en paralelo un acuerdo comercial.

“Sólo cuando hayamos logrado el suficiente progreso en la retirada, podremos discutir el marco de nuestra futura relación. Empezar conversaciones paralelas en todos los asuntos a la vez, como sugirió Reino Unido, no va a ocurrir”, advirtió ayer el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en una rueda de prensa en Malta.

El consejo presentó el borrador de las directrices negociadoras del Brexit, que ahora empezarán a debatir los Veintisiete (sin el Reino Unido) y que está previsto sean adoptadas el próximo 29 de abril en una cumbre europea extraordinaria, en Bruselas. El documento hace una mención expresa a Gibraltar y subraya que, una vez que el Reino Unido salga de la Unión, ningún futuro acuerdo entre Bruselas y Londres podrá aplicarse al Peñón sin acuerdo previo de España y los británicos.

Las directrices fijan los cuatro ámbitos que la UE quiere empezar a negociar en una primera fase, empezando por la necesidad de establecer garantías “recíprocas” para proteger a los ciudadanos europeos en el Reino Unido y los británicos en la Unión, de manera que puedan seguir trabajando, estudiando o disfrutando de asistencia sanitaria.

Según cifras de Naciones Unidas, 3.3 millones de europeos residen en Reino Unido y casi 1.2 millones de británicos habitan en otro Estado miembro de la Unión. La UE quiere además evitar problemas a las empresas europeas y que Londres “honre sus compromisos financieros y obligaciones” como Estado miembro, explicó Tusk. Según un análisis del centro de estudios europeos Bruegel, el Brexit costará a Londres entre 25 mil 400 y 65 mil 100 millones de euros, en función de si se acuerdan reembolsos por la participación del país en los activos comunitarios.

En caso de que no se logre un acuerdo en el plazo de dos años desde la notificación británica, es decir, el 29 de marzo de 2019, cuando dejarán de aplicarse los tratados comunitarios en el Reino Unido, el documento estipula que se pueden buscar “arreglos transitorios”.

Ayer mismo, Escocia pidió formalmente al gobierno británico “el poder de organizar un segundo referéndum de independencia”.

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