Declaran abiertas elecciones generales en Guatemala

Con una clase política sumida en el más grave desprestigio por corrupción en más de 29 años de restablecidas las costumbres democráticas en Guatemala, las votaciones para elegir presidente, vicepresidente, legisladores y autoridades municipales se iniciaron hoy a las 07:00 horas locales con un lento flujo de guatemaltecos y bajo el fantasma de que el descontento aumente el abstencionismo.

Bajo un fuerte despliegue policial y militar y sin noticias de hayan ocurridos incidentes graves, un total de 7 millones, 556 mil 873 guatemaltecos están inscritos para votar, en una jornada de sufragio en 2.796 centros de votación con 19.582 mesas receptoras de votos que concluirá a las 18:00 horas y en la que 23 mil 497 candidatos de 28 partidos pelean por 3 mil 959 cargos de elección popular.

Los guatemaltecos están convocados para elegir presidente, vicepresidente, 158 legisladores, 338 alcaldes y 2.243 ediles, así como 20 diputados al Parlamento Centroamericano.

Las urnas se abrieron con aparente normalidad, un país que apenas en 1986, luego de 32 años de regímenes militares, retornó a las sendas democráticas mientras que la que guerra que estalló en 1960 finalizó en 1996 y dejó más de 250 mil muertos y desaparecidos en 36 años de un conflicto armado que agudizó la represión política interna y sus secuelas en el resto de la también convulsa Centroamérica.

Aunque los resultados se esperan sean difundidos hoy por la noche, las expectativas siguen apuntando a la posibilidad inminente de que, como en elecciones previas, tampoco haya un ganador para la presidencia en primera ronda y sea necesario realizar una segunda, programada para el próximo 25 de octubre.

De la consulta de hoy sí saldrán los nuevos legisladores y munícipes y a la de octubre solo acudirán los dos candidatos presidenciales que entre los 14 aspirantes obtengan la mayor cantidad de votos y diriman al vencedor en la carrera final para elegir al presidente electo, que deberá asumir el 14 de enero de 2016. Para que un aspirante presidencial gane en primera ronda se requiere que reciba más del 50% de los sufragios.

El abstencionismo sigue siendo el gran rival, aunque en las dos rondas de septiembre y noviembre de 2011 hubo una disminución, ya que en la primera fue del 30% y en la segunda llegó al 40%, según registros del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Sin embargo, en esta oportunidad hay un elemento novedoso. La clase política tradicional guatemalteca cayó a un abismo de desprestigio, desgaste y pérdida acelerada de credibilidad por los escándalos de corrupción destapados desde abril de este año en dependencias gubernamentales, Congreso y partidos políticos.

La crisis provocada por la corrupción llegó a las más altas esferas de gobierno. Otto Pérez Molina, ganador de los comicios de 2011 y presidente desde 2012, debió dimitir el pasado miércoles, cuando le faltaban más de cuatro meses para concluir su mandato, luego de que el Congreso le despojó el martes anterior de su inmunidad, para que sea enjuiciado como presunto líder de una red criminal responsable de una millonaria defraudación en aduanas y ahora está preso.

Pero la penetración criminal—en particular de las mafias del narcotráfico—en los partidos políticos mediante la ruta del financiamiento fue desnudada en un informe de la la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una instancia creada en 2006 con patrocinio de la Organización de Naciones Unidas e instalada en 2007 como ente querellante precisamente para combatir la impunidad y la corrupción que por décadas han hundido a este país.

“Estructuras criminales dedicadas al narcotráfico han penetrado la política y la institucionalidad pública a través del financiamiento de campañas electorales”, advirtió la CICIG, que en alianza con la Fiscalía General de Guatemala ayudó a destapar los fraudes en las aduanas y en otras dependencias estatales.

La CICIG describió un panorama de profunda descomposición partidista. “Las élites políticas locales y departamentales han establecido alianzas con grupos criminales para repartirse la asignación de obra pública. Esto ha posibilitado el enriquecimiento ilícito de funcionarios y su entorno, mientras que a los grupos criminales les facilita lavar las ganancias provenientes de sus actividades ilícitas y diversificar sus negocios, apropiándose también de recursos públicos”, aseguró.

“De esta manera se financia la política y se logra protección y ganancias. Esto ha llevado a intensificar las relaciones con alcaldes, diputados y funcionarios del Ejecutivo del más alto nivel”, reveló.