La encrucijada de Venezuela

Desde hace años, decir Venezuela y crisis suena a redundancia. El país parece haberse acostumbrado a vivir en un estado permanente de vicisitud. Con un cúmulo de pendientes, con la economía descuartizada por el déficit público y la inflación, el gobierno de Nicolás Maduro sigue repitiendo estrategias de conflictos con Colombia cada vez que los problemas amenazan su popularidad, o avanzando sobre los opositores más acérrimos al gobierno, como es el caso del ex alcalde de Chacao, Leopoldo López, y otros 104 dirigentes que pueblan la lista de presos políticos, para poder mantenerse en el terreno que mejor conoce y que más le gusta, el de la tensión política permanente.

Frente a problemas estructurales, los herederos de Hugo Chávez siguen anclados en la necesidad de mantener a flote su estratégica estructura petrolera para sostener una economía averiada. De hecho, un nuevo crédito por 5 mil millones de dólares de China a Caracas no fue para reforzar las arcas venezolanas en el Tesoro o para paliar el cada vez más grave desabastecimiento, sino para mejorar la estructura de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que desde hace más de una década sufre serias dificultades operacionales y un déficit de caja que en 2015 ascendió a 43 mil millones de dólares.

La producción de PDVSA cayó de 3.3 millones de barriles diarios en 2003 a 2.8 millones en la actualidad. Un panorama que para el experto Javier Hernández es el fruto “de políticas empresariales erróneas y de una absurda política cambiaria que va desvalorizando sus activos”.

Pero si los contratiempos petroleros explican algunos aspectos de la crisis, es la mala praxis del gobierno de Maduro la que va profundizando cada vez más los problemas estructurales de Venezuela y acumulando conflictos como si fueran capas geológicas, en la antesala de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. “La situación de deterioro no es nueva en el país. Vemos que el chavismo está en franco declive, pero no se puede afirmar aún que hayamos entrado en una transición. Lo haremos si la oposición logra imponerse en los próximos comicios”, afirma la analista Margarita López Maya.

La sociedad venezolana reclama a la oposición, integrada en torno a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y otros partidos como Voluntad Popular, del sentenciado Leopoldo López, transformarse en una alternativa ahora que el gobierno de Maduro muestra signos de agotamiento. “La sociedad gira la vista hacia la oposición, pero ésta aún no articula respuestas sólidas para tratar de convencer. Aun así, sus chances son cada vez más grandes, porque muchos sectores están hastiados de la situación y de la falta de respuestas del gobierno”, explica el sociólogo venezolano Armenis Romero.

El descontento regado por todo el país y algunas encuestas, como la que dio a conocer en abril la consultora Datanalisis —donde López aparece como el político más popular, con casi 50% de aprobación, contra 28% del jefe de Estado— o la de junio de la consultora Hercon, donde la oposición aparece con una intención de voto de 70.3%, contra 25.5% del oficialismo, son las principales razones, según los observadores más diversos, de que Maduro haya impulsado su ofensiva contra Colombia, ordenado el envío de efectivos a buena parte de una frontera con el país vecino de 2 mil 300 kilómetros y de haber lanzado todo el aparato judicial contra López, condenado el jueves pasado a 13 años y nueve meses de prisión, acusado de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio durante las marchas opositoras de febrero de 2014.

La disputa con Santos

Maduro decidió hace varias semanas ocupar militarmente los puestos fronterizos con Colombia, argumentando que quiere frenar los ataques de bandas de contrabandistas y paramilitares colombianos y combatir el contrabando y el narcotráfico. El presidente venezolano ordenó la deportación de mil 381 ciudadanos colombianos, desató una nueva crisis diplomática con la nación vecina y forzó a que otros 18 mil colombianos residentes en Venezuela abandonaran voluntariamente el país, principalmente en los estados fronterizos de Zulia y Táchira, donde estableció el estado de excepción.

No es la primera vez que ocurre pero ahora, según analistas como el politólogo venezolano Aníbal Romero, parecen ser “los últimos manotazos de un régimen que no dejó error por cometer”.

En cambio, para el ex diputado chavista Juan Barreto, el presidente busca “solucionar los problemas que se manifiestan en la frontera común”, tanto “el contrabando de carne, gasolina y otros productos, como las acciones armadas” que, desde hace décadas, “son una constante en esa zona”. La primera reacción del presidente colombiano Juan Manuel Santos fue de cautela. Pero en los últimos días, Santos elevó el tono al decir que “la revolución bolivariana se está autodestruyendo”. Esto sería “una verdad a gritos si no fuera porque la situación es mucho más complicada”, según el sociólogo Juan Manuel Rendón, de la Universidad del Zulia.

“Con la revolución”, afirma Rendón, “se autodestruye al país, que tiene una dinámica económica que nos lleva de fracaso en fracaso”. La escalada venezolano-colombiana tuvo su primera pausa ayer con la reunión en Quito de las cancilleres María Ángela Olguín, de Colombia, y Delcy Rodríguez, de Venezuela. Pero el camino para que todo vuelva a la normalidad es largo.

La condena a López y la crisis con Colombia representan hoy en Venezuela el telón. Cuando éste se corre, de inmediato aparecen en escena los graves problemas de desabastecimiento, la inflación —que este año se ubicaría en 142%, según datos del Bank of America—, la caída sostenida del Producto Interno Bruto (PIB), que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) este año sería de 7% y podría trepar a 9.5%, según un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Los indicadores de violencia se mantienen a la alza. Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en 2014 se registraron 24 mil 980 homicidios denunciados a las autoridades, lo que representa una tasa de 84 decesos por cada 100 mil habitantes.

Otro informe de la UCAB precisa que la pobreza en el país se ubicó en 48% el año pasado, lo que contrasta con los informes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que ubica el número de pobres en 27.3%. Para el economista Luis Ontiveros, esos niveles obedecen “principalmente a la caída de los precios del crudo, que llevaron a que el país perdiera más de 43 mil millones de dólares en ingresos, y a la inflación, que licúa el poder real de los salarios. Para este año se espera una fuerte caída del PIB, lo que agravaría más la situación de los sectores menos favorecidos”.

Si a esto se le agrega que el dólar en la calle ya se cambia a 795 bolívares, cuando la cotización oficial (para importación) es de 6.39 bolívares, y un déficit fiscal que este año, según un estudio de Merrill Lynch ascenderá a los 20.2 mil millones de dólares, la situación de la República Bolivariana es más que compleja.