Acusan a funcionario de Tlalpan de vender puestos ambulantes

Comerciantes de la delegación Tlalpan acusaron al actual director de Gobierno de la demarcación, Gabriel Leyva Martínez, de venderles puestos que fueron donados por una compañía refresquera.

“Pretendía forzarnos al pago de 35 mil pesos para que en unas semanas nos instalen unos puestos metálicos donados por la mayor compañía de refrescos de cola que existe en el país”, indicaron los denunciantes. 

De acuerdo con los ambulantes –instalados en el puente que comunica la estación del Tren Ligero Estadio Azteca con el llamado Coloso de Santa Úrsula y el Centro de Transferencia Modal (Cetram)– a través del presunto líder Óscar González, el funcionario “intentó sacar un beneficio económico mayor al que se tendría cuando fueran colocados los puestos con la publicidad de la empresa refresquera, en el techo de las estructuras”. 

Explicaron que “con el permiso para 18 puestos que tendrá el “proyecto” y el cobro de un “permiso especial” por 35 mil pesos habría una derrama de 650 mil pesos que llegarían a Leyva Martínez por medio de González, quien en su nombre amenaza con que "quien no le quiera entrar, será quitado del lugar y cancelado su permiso”.

Los comerciantes, quienes prefirieron omitir sus nombres ante posibles represalias, afirmaron que la delegación pretende sacar provecho a espacios que no le pertenecen, aunque dé los permisos, ya que son del Centro de Transferencia Modal (Cetram) y de Transportes Eléctricos del  Gobierno de la Ciudad de México. 

“De dónde saco los 35 mil pesos, si con lo que vendemos aquí vamos al día… y luego nos amenazan con que si no le entramos, nos van a quitar”, expresaron. 

Recordaron que la organización Transparencia Internacional dio a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, en el que México ocupa el número 95 de los países más corruptos del mundo y es el más corrupto entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional se concentra en el sector público de los 168 países evaluados y es elaborado por expertos que, para emitir sus puntuaciones, consideran si los gobiernos cuentan con mecanismos para que la población pueda exigir la rendición de cuentas a sus dirigentes, si existe un contexto donde predominen soborno e impunidad frente a los actos de corrupción y la falta de respuesta por parte de las instituciones públicas.