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Es necesario invertir mayores recursos económicos y humanos para combatir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en el Distrito Federal, aseguró la presidenta de la Comisión Unidos Vs Trata de Personas A.C., Rosi Orozco.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Orozco reconoció el trabajo que hace la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), ya que del primero de agosto de 2014 al 31 de julio de 2015 logró rescatar a 321 víctimas de este delito.

Sin embargo, dijo que aún faltan más víctimas por rescatar en inmediaciones del edificio delegacional en Cuauhtémoc, Sullivan y la Merced.

“No hay duda de que llevan a las chicas a estos lugares para prostituirlas, de que les quitan el dinero, de que algunas son menores. Esas zonas nos preocupan mucho. En la Merced tenemos un crecimiento otra vez, hace poco pasé por el lugar, era un domingo en la tarde y me tocó ver a jóvenes que se veían hasta de 12 años una de ellas”, comentó la activista.

A consideración de Rosi Orozco, con cámaras de videovigilancia se podría inhibir esas conductas delictivas en estos sitios.

Sin recursos. La falta de recursos, reiteró, es el mayor obstáculo que tienen las autoridades para erradicar este problema.

“Hacen falta recursos, la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas define una serie de rubros que hoy no se han cumplido, pues hoy no hay fondo de atención a las víctimas”, apuntó.

De acuerdo con la PGJDF, de agosto del año pasado a julio del año actual realizaron 203 operativos en los que liberaron a 315 víctimas de trata mayores de edad y seis menores.

En dichas acciones arrestaron a 141 probables responsables, de los cuales 131 ya cumplen una sentencia que va de los siete a los 50 años de prisión.

A consideración de Orozco, las sanciones que recibieron los tratantes son adecuadas porque cuando las penas son excesivas pueden ser apeladas como anticonstitucionales. Además, existe la posibilidad de que el padrote reciba un pena de años acumulados por cada una de sus víctimas.

“Me parece maravilloso el hecho de que 321 jóvenes sepan que ya nadie las pueda explotar y quienes están en refugios sepan que pueden tener otro tipo de vida […] Ojalá que cada persona que es esclava podamos verla recuperar su libertad”, expresó.

Estos resultados no bastan para las organizaciones dedicadas a erradicar el delito de trata de personas, como la que dirige la ex diputada federal, quien exhortó a la PGJDF a intervenir en zonas donde se siguen prostituyendo menores de edad y giros negros “donde tengo reportes de trata y no han hecho operativos”.

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