Le toca al Inai

En este periodo de silencio forzado en el que los ciudadanos descansamos de los spots y los candidatos no pueden hacer llamados explícitos al voto, los partidos políticos y los candidatos independientes podrán aprovechar el tiempo para cumplir con sus obligaciones de transparencia.

Antes de la última reforma en transparencia que se hizo en México, si los ciudadanos queríamos saber algo sobre los partidos políticos, había que consultar al entonces Instituto Federal Electoral a riesgo de que sus resoluciones fueran impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Aunque en 19 entidades de la República mexicana se podía solicitar información directamente a los partidos, las obligaciones eran muy generales y la calidad de la información brindada dejaba mucho qué desear. En la nueva legislación esto se corrigió y se estableció una serie de obligaciones que permiten conocer no solamente el monto de las aportaciones que reciben, sino las resoluciones de sus órganos disciplinarios, los mecanismos de control y supervisión en los procesos de selección y la forma en la que se canalizan los recursos públicos que reciben, entre otras cosas. De entre las obligaciones establecidas, se vuelven fundamentales aquéllas que nos permiten conocer cómo se están gastando los más de 6 mil 700 millones de pesos del financiamiento público recibido. También lo es que nos digan quiénes son los candidatos que se van a disputar los tres mil 406 cargos en juego, cuál es su historia de vida y por qué se considera que son los más aptos para representarnos. Si antes esta información dependía de la voluntad de los partidos, ahora la ley los obliga.

En elecciones pasadas, diversos esfuerzos de la sociedad civil organizada trataron de contribuir a la emisión de un voto informado haciendo que esta información fuera accesible al público. Alianza Cívica, el Comité Conciudadano, Iniciativa Ciudadana fueron algunos de los esfuerzos civiles que buscaron la defensa del voto libre e informado. Sin embargo, la verificación de los perfiles y la calidad de la información siempre se topó con el fuero y la opacidad. En las últimas dos elecciones federales, el Instituto Nacional Electoral propició que los partidos políticos brindaran información relevante sobre los candidatos, pero a falta de una obligación de ley, estos salieron a formular promesas y a pedir el voto sin decirnos quiénes eran sus candidatos. Así, en la elección del 2012, sólo 21.9% de los candidatos publicaron sus fichas curriculares (352 de mil 601) mientras que en 2015, solo 39.1% lo hicieron (mil 771 de 4 mil 518).

El próximo mes de abril, el Instituto Nacional Electoral publicará una plataforma en la que se podrán conocer los nombres de todos los candidatos y suplentes, el correo electrónico y las redes sociales que utilizan, una explicación de por qué quiere ocupar un cargo público, las tres principales propuestas de campaña, la historia profesional, la historia laboral y la trayectoria política y social de los candidatos. Permitirá un vínculo con el sistema integral de fiscalización y además, permitirá consultar otros sitios con información útil sobre los candidatos, como el proyecto voto informado de la Universidad Nacional Autónoma de México, la publicación voluntaria de la 3de3 (declaración patrimonial, de intereses y fiscal) promovida por Imco y Transparencia Mexicana y el listado de los funcionarios sancionados que publica la Secretaría de la Función Pública. Todo esto será posible si el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos cumple con su encargo, que es velar por el cumplimiento de la ley y juega, sin excepciones y rezagos, el papel histórico que está llamado a cumplir en este proceso electoral. Antes de salir a votar el próximo mes de julio, le toca al Inai.

Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas. Profesora asociada del CIDE