¿Proceso electoral o suspensión de garantías?

En el nombre de Trump. Las campañas en curso provocan una percepción no de debate de ideas y proyectos, sino de animosidades viscerales y disposiciones a jugarse todo en una guerra sin cuartel y sin mañana en las urnas del 1 de julio. Por ello el proceso genera también un clima de suspensión de los derechos a la dignidad y la imagen de las personas, en unos casos, y de suspensión de la garantía de libre expresión en otros. Entre los orígenes domésticos de estas situaciones, está desde luego el ambiente de crispación de los tiempos que corren. Pero también influye una sobrerregulación electoral aplastante, combinada con amplios márgenes de interpretación y desacuerdo entre la autoridad y el tribunal de la materia. A ello hay que agregar los márgenes que se arrogan para decir la ley los habituados a estirar las normas en su beneficio.

Al final del día, el fenómeno es también producto de la falta de costumbre democrática y de juego limpio de nuestros actores políticos. Pero están también los factores externos. En primer lugar, sin duda, el síndrome Trump, el modelo de campaña dominante en las candidaturas de López Obrador y Ricardo Anaya. En México no es necesario esperar el resultado de las investigaciones sobre Cambridge Analytica, la consultora que se atribuye el triunfo de Donald Trump, que ha llevado ya su trabajo secreto a más de 200 elecciones alrededor del mundo, México incluido, según David Brooks, el corresponsal de La Jornada en Washington. Y es que la enfermedad trumpiana se extiende hasta acá en parte por el efecto imitación, en parte por el desencanto que se vive en el mundo por el desempeño de las instituciones, y en parte quizás por la participación de una consultoría que lleva las técnicas de Trump a embestir contra otras democracias.

Sin embargo, López Obrador no parece requerir de asesoría alguna para tratar a sus oponentes y a los destinatarios de sus fobias —ciertamente a la manera de Trump— como parias, sin derechos de ningún tipo. Ellos y los suyos son los ‘buenos’ y los otros son los ‘malos’ —enemigos de ‘la gente’ y de ‘America first’— a quienes se puede insultar y calumniar sin restricciones. En el caso de México, los ofendidos se verían mal combatiendo legalmente esos atropellos en medio de una cultura jurídica ajena al ejercicio de los derechos. Además, hay una razón práctica para no actuar: sin efectos jurídicos a esperar de una acción legal, se opta por el mal menor de evitar una interminable espiral de injurias impunes con las que AMLO reaccionaría, como lo ha hecho en sus 18 años en campaña.

Contra las reformas de Obama y de Peña. A su vez, por el contraste entre su perfil inicial de político moderno y sus estudiados desplantes recientes, quizás Ricardo Anaya podría, en efecto, haber sacado del instructivo de Cambridge Analytica la amenaza de que, una vez en Los Pinos, enjuiciaría al actual presidente, como lo hizo el candidato Trump contra Hillary Clinton.

Por si fuera poco, la semana pasada AMLO pareció también pretender la suspensión de la garantía de libre expresión —y del deber de rendir cuentas— al presidente Peña Nieto, cuando lo acusó de intervenir indebidamente en el proceso electoral por el hecho de reportar los resultados de la reforma energética que el tres veces candidato se dice lo mismo dispuesto a respetar que a dinamitar, según la ocasión y el interlocutor. Es como si Trump hubiera exigido que el presidente Obama no defendiera su reforma de salud de las mentiras del entonces candidato y hoy presidente estadunidense.

Campañas para qué. Y es que si para algo deberían servir las campañas en el México de hoy es para ventilar temas clave como el futuro de las grandes transformaciones en acto derivadas del Pacto por México de los primeros años de esta administración. O para discutir fórmulas de solución de asuntos críticos como la inseguridad y la corrupción. O para explorar salidas a las grandes amenazas a la nación como la que representa la actual presidencia de Estados Unidos.

Director general del FCE