El ex gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina de la Cruz denunció una persecución política en su contra y la intención de llevarlo a la cárcel bajo cualquier argumento, luego de la determinación de un juez de control de dictarle prisión preventiva por los delitos de peculado y daño patrimonial.
Ayer el ex mandatario priísta acudió a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) para presentar una denuncia de hechos por la resolución emitida por el juez Miguel Ángel Eufracio, quien determinó vincularlo a proceso y dictarle prisión preventiva, medida cautelar que originó que Medina de la Cruz fuera ingresado al penal de Topo Chico, en Monterrey, por más de 19 horas.
El ex mandatario aclaró que en ningún momento se ha escondido o ha evadido a la autoridad y que tanto él como su familia han acudido a todos los mandatos que ha dictado la autoridad. Aseguró que seguirán presentándose “porque son inocentes de los delitos que se les imputan”.
Si bien no señaló que la denuncia fuera dirigida contra el juez Eufracio, dijo que su petición es esclarecer la resolución emitida la madrugada del 26 de enero.
Alonso Aguilar Zínser, abogado de Medina, dijo que la denuncia no señala algún delito en específico y que se realiza porque se detectaron conductas indebidas durante la vinculación a proceso y la determinación de la prisión preventiva.
Medina de la Cruz ingresó al penal de Topo Chico el 26 de enero, luego de que el juez de control otorgó prisión preventiva.
Menos de 24 horas después, la Jueza Quinta de Distrito determinó que el juez incumplió la suspensión provisional otorgada contra su detención, por lo que ordenó su inmediata liberación.
Respaldan decisión de juez. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, Carlos Emilio Arenas Bátiz, afirmó que el juez de control Miguel Ángel Eufracio Rodríguez, quien envió a la cárcel al ex gobernador Rodrigo Medina, cuenta con todo el respaldo del Poder Judicial del Estado, por estar convencidos de que tomó una decisión conforme a sus convicciones jurídicas y no por presiones del Poder Ejecutivo estatal.
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