El juez de control de la Primera Sala de Juicios Orales del Tribunal Superior de Justicia determinó vincular a proceso —auto de formal prisión en el viejo sistema penal— a cuatro imputados por el supuesto asalto del pasado 4 de octubre, donde fueron asesinadas cuatro personas: dos normalistas de Ayotzinapa, un chofer y un maestro.

Durante la audiencia inicial se vinculó a proceso a Ismael “N”, José Antonio “N”, Israel “N” y Carlos “N”, como presuntos responsables de homicidio calificado.

Los sujetos estarán en la cárcel durante los próximos cuatro meses, hasta que en febrero de 2017, tiempo que decidió el juez como plazo para investigaciones complementarias, se defina su situación legal.

A la audiencia también asistió Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, como defensa de los normalistas, y argumentó que al Comité Estudiantil de Ayotzinapa el móvil del asalto no les satisface.

Dijo que hay una cámara de seguridad que captura el momento en el que subieron los seis presuntos asaltantes justo a la combi donde iban los estudiantes, y hay otros elementos que para ellos indican premeditación, como declaraciones de un testigo.

El juez, por el momento, se apoyó en las investigaciones que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha realizado en estos ocho días sobre el supuesto asalto que registró varios eventos.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Chilpancingo-Tixtla, donde resultaron heridas cuatro personas, entre ellas un menor de 8 años de edad.

El juez consideró datos, evidencias y elementos probatorios que integran la carpeta judicial C-19/2016.

También participaron en la audiencia dos familiares de víctimas: el papá del chofer de la ruta Ampliación Reforma, Marco “N”, quien dijo a los vinculados: “yo no creo en la autoridades, pero creo en otra justicia, la de Dios, qué Dios los bendiga… dejaron en la orfandad a dos niñas”.

Así como el hermano de un normalista de Ayotzinapa, que decidió no hablar cuando el juez concedió la palabra.

Rosales Sierra explicó que no hubo tiempo de mostrar más pruebas que refuercen su hipótesis: que los supuestos asaltantes no actuaron solos, que hubo premeditación y que el acto fue dirigido contra los normalistas, pero confían que estos cuatro meses que dure la investigación complementaria—pedirán en específico al Ministerio Público que investigue ciertos puntos—, se demuestre.

“Lo que quisiéramos ampliar es ver qué más actores hay, si están vinculados a un grupo de la delincuencia organizada… tenemos elementos que nos indican que sí hay una vinculación de estas personas con la delincuencia organizada, eso va a ser un reto que tiene el Ministerio Público, la Fiscalía”, dijo el abogado.

Añadió que con base en las declaraciones de un testigo, saben que primero subieron en la colonia Indeco, metros antes de llegar a la carretera federal, tres asaltantes en la parte de enfrente de la urvan de transporte; después en la misma colonia subieron otros tres que se sentaron atrás.

Las víctimas, antes de ser bajadas para matarlas, quedaron acorraladas, lo que les genera más suspicacias.

“Desde nuestro punto de vista no actuaron solos, ellos están ligados a otros vínculos con la delincuencia organizada, no sólo la delincuencia organizada, sino todo un conjunto de complicidades de autoridades de servidores públicos que hacen factibles que puedan cometer ese tipo de hechos violentos, sino no tiene caso, no habrá justicia verdadera”, señaló.

La audiencia inició casi a las 8 horas y terminó a las 10. Afuera de Ciudad Judicial, padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, estudiantes de esa normal y otros activistas protestaron para exigir justicia y que se investigue a fondo a los vinculados.

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