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El Consejo Coordinador Empresarial y del Caribe (CCEyC) se pronunció por llevar adelante la construcción del Puente Bojórquez que cruzará una porción del Sistema Lagunar Nichupté, en la zona hotelera de Cancún, ante la indefinición en la que se encuentra la obra.
El proyecto cuenta con autorización de impacto ambiental expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el seis de noviembre de 2014 y el gobierno federal etiquetó 800 millones de pesos para construirlo, de acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura (2014-2018)
Sin embargo, las declaraciones hechas la semana pasada por el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Héctor Gómez Barraza, durante una entrevista con medios de comunicación en Guadalajara, sede del Tianguis Turístico de México, desconcertaron a la clase empresarial.
El funcionario fue cuestionado sobre los avances del proyecto y respondió que “está detenido”. Días después rectificó, argumentó que sus declaraciones habían sido presuntamente sacadas de contexto y afirmó que estaban por publicar los términos de la licitación pública.
“Definitivamente es una obra que se debe realizar; nosotros hemos seguido insistiendo que se haga, la avenida Kukulkán tiene muchas limitaciones y ya vemos problemas vehiculares en la zona.
“Los ciudadanos que trabajan en la zona hotelera se merecen también un flujo vehicular mucho más rápido para entrar y salir a sus fuentes de trabajo. Es un clamor ciudadano que se haga y el gobierno federal no puede dejar de realizar esas acciones”, expresó el presidente del CCEyC, Luis Cámara, al ser entrevistado sobre el tema.
El empresario dijo saber que el presupuesto está aprobado, pero se desconoce en qué nivel de avance se encuentra el proyecto, consistente en una estructura de 206.6 metros de longitud, con cuatro carriles, dos acotamientos y una franja central, sostenido por 28 columnas que lo elevarán entre cinco y seis metros sobre la Laguna Bojórquez.
De no llevarse a cabo la obra, se preguntó a Luis Cámara si apoyarían la operación de los taxis acuáticos que forman parte de un proyecto valuado en 200 millones de dólares, para la construcción de un muelle y una estación de transporte marítimo en el polémico “Malecón Tajamar”.
Dicho proyecto es impulsado por el empresario Germán Orozco, dueño de la naviera Ultramar y pretende ofertar el servicio de taxi acuático a través de embarcaciones, de Tajamar hacia Punta Cancún y viceversa.
“Tendríamos que analizar esa otra propuesta, pero yo creo que el puente es la solución adecuada. Ya hay un anteproyecto, ya hay un presupuesto, ya hay la aprobación de los recursos; tenemos que echarlo a andar (…)
“Ese es un proyecto que está llevando a cabo una empresa privada; conozco que hay la atención, pero no conozco los detalles”, respondió, pese a que los detalles de la obra de la naviera y el muelle le fueron presentados al empresario y a integrantes del CCEyC.
La última vez que tocaron el tema del puente con Fonatur fue hace tres meses, añadió.
En septiembre del 2015 el gobernador del estado, Roberto Borge, declaró a EL UNIVERSAL, que se habían adelantado los primeros 40 millones de pesos para la elaboración de trabajos preliminares del Puente Bojórquez y que en 2016 se asignarían 240 millones de pesos para la primer etapa de la obra.
Un mes después el propio Gómez Barraza, informó en Cancún que el monto total para financiar la construcción del puente alcanzaría más de mil millones de pesos y que en 2016 iniciarían los trabajos, con miras a concluirlos en 2017.
Puentes sobre la laguna, ¿necesarios?
Durante el trienio del entonces alcalde, Francisco Alor (2005-2008), la Dirección General de Ecología concluyó que la construcción de puentes sobre el Sistema Lagunar Nichupté –entre ellos el Puente Bojórquez- no resolvería el grave problema vial que sufre el bulevar Kukulkán, pues sólo generaría mayor entrada de vehículos a la zona hotelera.
La propuesta que realizó en esa época la dependencia municipal, a cargo de la bióloga, Reyna Gil, fue la revisión y readecuación de las rutas de transporte público, eficientando el sistema.
En 2014, durante el proceso de consulta pública para evaluar el proyecto del Puente Bojórquez, organizaciones de Derecho Ambiental y organismos científicos advirtieron sobre los impactos que la obra tendrá en ecosistemas relevantes, como los manglares y la propia laguna.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) advirtió que el dragado de 7.37 hectáreas del cuerpo lagunar, perjudicará la calidad del agua, al incrementar su grado de turbidez; la remoción de pastos marinos también afectará el ecosistema lagunar y la colocación de los pilotes dañarán el manglar de la zona.
La agrupación enfatizó que las medidas de mitigación propuestas por el Fonatur, carecían de “aval científico”.
El propio Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) advirtió que con la introducción de la estructura del puente vehicular y las llamadas islas de manglar, se ocasionaría la alteración de la dinámica del cuerpo lagunar.
Otra opinión adversa fue la del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, con sede en Puerto Morelos, que reprochó que se hubiese ignorado “totalmente” el impacto de re suspensión de materia orgánica y de nutrientes acumulados, durante las obras, lo que agudizará el estancamiento del sistema lagunar.
De las “isletas”, el Instituto señala que son una medida de mitigación “controversial”, pues podrían incidir negativamente en el ecosistema.
