Exigen a México y Honduras regreso de activista

Representantes de comunidades indígenas, organizaciones y grupos de derechos humanos en Chiapas exigieron a los gobiernos de México y Honduras el retorno inmediato de Gustavo Castro Soto, “ante los riesgos que enfrenta“ durante el actual proceso judicial por el asesinato de la activista Berta Cáceres, la madrugada del 3 de marzo en el poblado La Esperanza de aquel país centroamericano.

En un documento dirigido a los presidentes de México y de Honduras, Enrique Peña Nieto y Juan Orlando Hernández Alvarado, respectivamente, pidieron se garantice la seguridad del ambientalista y que el gobierno centroamericano cumpla “con su promesa” de levantar la alerta migratoria para que Gustavo Castro salga inmediatamente de aquel país, “terminado este último proceso judicial requerido sin que haya ningún otro motivo ni acción que se lo impida”.

En la actual situación, advirtieron, ambos gobiernos son responsables de la integridad física y psicológica del activista residente en Chiapas.

Consideraron arbitrario mantener a Castro Soto por 30 días más en territorio hondureño por orden de la Fiscalía General; asimismo, plantearon que las autoridades investiguen a la empresa de origen chino “que ha presionado a los compañeros indígenas del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH)- del cual la Berta Cáceres fue coordinadora- para arrebatarles sus tierras e inundarlas con la obra de la represa hidroeléctrica”.

“Ése es  el móvil del asesinato de la compañera indígena Berta y el intento de asesinato del compañero Gustavo Castro”, sostuvieron representantes comunitarios de los pueblos tzotziles, tzeltales y choles del norte de Chiapas, la Organización  sociedad Civil de las Abejas de Acteal, el Pueblo Creyente de Simojovel, el Centro de Derechos Humanos Oralia Morales de Frontera Comalapa y Luz y Fuerza de Chiapas, entre otros grupos  y organizaciones chiapanecas.

Aseguraron que el asesinato de Cáceres y el ataque a Gustavo Castro no fue casualidad ni un hecho aislado, sino que el “cobarde acto es la práctica de exterminio que ha impuesto el capital internacional con la complacencia de los gobiernos nacionales”.

Los representantes comunitarios y  de derechos humanos expusieron que el documento dirigido también a la Organización de  las Naciones Unidas (ONU) y a los consulados de Honduras en Comitán de Domínguez y Tapachula, fue suscrito ante observadores nacionales e internacionales  del Movimiento Sueco por la Reconciliación (Swefor), Servicio Internacional para la Paz (Sipaz), Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación comunitaria A.C.(Coreco), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas A.C (Desmi), Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz).

Al igual que ante integrantes del Reconocimiento Jtatik Samuel Jk’anan Lum: Centro de Derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C (Frayba), Instituto de Estudios e Investigación Intercultural A.C. (Inesin), Coordinación de mujeres (Codimuj) y Vicaria de Justicia y Paz de la Diócesis  de San Cristóbal de Las Casas.

cfe