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Un juez especializado halló culpables a cuatro de cinco niños que asesinaron violentamente a Christopher Márquez Mora, de seis años, cuando “jugaban” al secuestro.
El Ministerio Público y la defensa presentaron argumentos, pruebas periciales y testimoniales, así como estudios sicológicos y siquiátricos ante el juzgador, quien tras analizarlos resolvió, en primera instancia, que cuatro fueran sujetos de sanción privativa de la libertad; en audiencia distinta informó del tiempo de reclusión.
De esa manera se determinó que Jesús David, de 15, pasará 9 años y seis meses recluido en el Centro de Internación para Menores Infractores. Aunque en tres años será mayor de edad, no abandonará dicho sitio, únicamente será transferido al área para internos de 18 años en adelante.
Mientras que Valeria, Alma e Irving, las dos primeras de 13 y el último de 12, quedarán tres años bajo el resguardo del estado, al parecer en un refugio del DIF, y del cual no podrán salir.
Posteriormente tendrán dos años de orientación y supervisión, es decir, se irán a su domicilio donde elementos de seguridad pública los vigilarán, a menos que en ese momento un estudio sicológico arroje que deban seguir bajo custodia.
Finalmente estarán bajo arraigo domiciliario por un año sin vigilancia permanente. En ese lapso deberán asistir a terapia sicológica y con otros especialistas.
El quinto involucrado, Eduardo, de 15 años, fue declarado inimputable desde el pasado 26 de noviembre al ser diagnosticado con retraso mental.
Durante la primera etapa del proceso penal, la defensa del adolescente presentó los resultados de diversos estudios y entrevistas aplicadas por sicólogos, siquiatras, neurólogos y otros especialistas, en los que se determinó que, por su condición médica, tiene la capacidad de comprensión y lenguaje de un niño de ocho años.
Desde hace meses el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua anticipó que en caso de que los tres menores de 14 años fueran encontrados culpables, no serían recluidos en un centro de internamiento, ya que la Constitución federal lo impide y el estado debe sujetarse a tal disposición.
El juez también ordenó que los menores, en conjunto, paguen 336 mil 634 pesos como reparación del daño, e impuso una amonestación a los padres de los infractores.
