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Hace 35 años se modificó el Artículo 115 de la Constitución para descentralizar el servicio de agua potable y saneamiento para transferirle esa responsabilidad a cada municipio, pero se hizo sin revisar las capacidades administrativas, técnicas y financieras que requiere cada localidad.

El cambio provocó que muchos organismos operadores de agua sigan en las mismas condiciones que hace 35 años y dependan cada vez más de las transferencias federales para operar.

Los apoyos federales hacia los municipios no consideran recursos para la construcción de infraestructura, mantenimiento o sustitución de obras.

“En el plano federal, solamente nos ajustamos a normas específicas como la NOM 127 en materia de calidad del agua, y en términos de suministro nos acotamos al Artículo 121 de la Ley General de Salud, donde se habla de la no reducción del suministro”.

“Ello ha provocado que no existan parámetros generales en cuanto a la calidad de los servicios que se prestan a la población. En México no hay regulación de los servicios de agua potable y saneamiento”, dijo el director general de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), Roberto Olivares, para la revista H2O del Sistema de Aguas de la ciudad de México.

Olivares indicó que la autoridad municipal es la responsable de la prestación de los servicios, pero deja abandonados a los organismos operadores sin los apoyos económicos, políticos y de gestión para que preste los servicios de manera adecuada.

El costo del servicio que dan las empresas de agua no puede recuperarse con el cobro de las tarifas, ya que para aumentarlas se necesita pedirle permiso al municipio o al gobierno estatal.

De acuerdo con Moody’s, las compañías mexicanas de agua no pueden igualar el ritmo de crecimiento de sus tarifas con el de sus costos, un factor negativo que aumenta su dependencia financiera con el gobierno federal.

“La relación entre costos e ingresos de las compañías de agua se ha deteriorado continuamente mermando las ganancias e impidiendo la posibilidad de fondear proyectos de infraestructura”, resaltó la calificadora Moody’s, en un análisis sobre las compañías de agua en México.

Moody’s mencionó que las transferencias del gobierno federal al sector del agua aumentaron 26.8% entre 2007 y 2014, al pasar de 5 mil millones de pesos a 7 mil millones; sin embargo, los organismos de agua acumulan deudas fiscales correspondientes por los derechos de extracción del líquido.

Los ingresos por ventas de las compañías se ubican consistentemente por debajo de sus costos de producción, pues los incrementos tarifarios en los últimos siete años fueron menores a los costos crecientes.

Hace dos años, 503 compañías de agua, de un total de 2 mil 356, tenían adeudos fiscales por extracción por alrededor de 12 mil millones de pesos.

La propuesta de ANEAS para mejorar la problemática de los servicios de proveeduría del líquido es establecer un sistema financiero del agua.

“Debemos compartir con la ciudadanía esta diferencia entre el derecho humano y el costo de los servicios”, comentó Olivares.

“La mayor parte de la población no conoce el valor económico del agua, es necesario hacerle saber que los servicios de agua tienen un costo, un valor y un precio”, agregó.

El director general de la Asociación añadió que entregar un metro cúbico de agua por concepto de gestión integral tiene un costo promedio nacional de 30 pesos, por su parte, el costo de un metro cúbico en tarifa es de 8 pesos.

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