Escucharlas para prevenir feminicidios

Los tocamientos, las miradas intimidatorias, el acoso sexual y la violación son algunas de las agresiones que las niñas y mujeres enfrentan a lo largo de su vida escolar.

Este método es ocupado como chantaje por maestros —e incluso maestras— amenazando a alumnas de cumplir con sus aberraciones para no ser reprobadas, a fin de que suban su calificación o para que no sean sancionadas por acciones que no cometieron y de las que podrían ser falsamente acusadas.

Las mujeres, sobre todo las menores de edad, se vuelven vulnerables pues, por una misma cuestión de género, les es importante “ser niñas buenas”, tener buenas calificaciones y no causar problemas a sus padres y madres.

A lo largo de la historia, niñas y niños son violentados por quienes ostentan el poder y, abusando de él, lo usan para cometer delitos.

De acuerdo con el artículo 10 de la  Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, el maltrato de los docentes “se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad”. Lamentablemente este delito —reconocido en 16 estados como acoso sexual y en el resto tipificado como hostigamiento sexual— es cometido también por los propios compañeros de escuela de las mujeres, niñas y adolescentes.

La mayoría de las mexicanas prevalece en el silencio por el temor de ser sancionadas y por la presión que ejercen sus agresores. Quienes se atreven a alzar la voz, muchas veces son revictimizadas o su denuncia es minimizada y desatendida.

Como defensoras de los derechos humanos de las mujeres, organizaciones no gubernamentales o simplemente como familiares de otras mexicanas tenemos la enorme responsabilidad de informar a las niñas y adolescentes sobre lo que no es tolerable en ninguna de sus formas. Advertirles que la violencia sexual “es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad (…) y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física”.

Esta tarea, más que una opción u “obra caritativa”, debería ser una obligación ciudadana, sobre todo cuando el delito crece y se mantiene impune.

De  acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016, de las mujeres que han asistido a la escuela, 25.3% enfrentaron violencia durante su vida de estudiantes. Las más frecuentes fueron las agresiones físicas (16.7%) y sexuales (10.9%) por parte de compañeros, compañeras y maestros, entre otros.

Estos actos reproducen el estereotipo de la supremacía masculina sobre la mujer, “al denigrarla y concebirla como objeto”, como lo advierte la Ley General de Acceso.

El papel de madres y padres es fundamental, pues, a la edad que sea, las mujeres, niñas y adolescentes necesitan ser acompañadas de manera integral cuando denuncian la violencia sexual. Es necesario que sean escuchadas, confiar en su palabra, acudir a las instancias que sean necesarias y que no sean revictimizadas. Además de la denuncia y la sanción a las personas responsables, con ello se contribuye a la prevención de otros delitos. Por ejemplo, en Veracruz, entre 2015 y 2016, más de mil niñas fueron madres luego de una violación sexual y obligadas a continuar con el embarazo al no permitirles abortar, ni siquiera por esta causal o por salud, lo que evidentemente pone en riesgo la vida e integridad tanto física como emocional de las niñas.

Aunado a ello, la permisibilidad e impunidad con la que actúan los agresores deriva también en la normalización de la violencias contras las mujeres y niñas, incluso de los feminicidios, los cuales representan el grado más extremo de violencia contra ellas.

Este 25 de noviembre, conmemoraremos a nivel global el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Sirva esta fecha como un recordatorio de que  el derecho de las jóvenes a una vida libre de violencia incluye, entre otros, “el derecho a ser libre de toda forma de discriminación y el derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”, como lo establece el artículo 6 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará), firmada y ratificada por el Estado.

Sirva también como recordatorio del compromiso incumplido de las autoridades de los tres niveles  de gobierno.

Reconocer, prevenir y sancionar, son los primeros pasos para saldar la deuda pendiente que históricamente se tiene con las mujeres en México.

Integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio