El pacto social que como ficción jurídico-política crea al Estado moderno, manda que es el Estado quién tiene la obligación de garantizar la seguridad de los gobernados y mantener la paz y el orden público. Pero para alcanzar sus fines no puede hacerlo a costa de vulnerar derechos humanos fundamentales imponiendo estados de excepción que permitan el uso de la fuerza letal. El uso de la fuerza tiene que ser progresivo y diferenciado procurando generar el menor daño posible. La narrativa de la “amenaza terrorista”, abre la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales y el incremento de falsos positivos resultado de acciones del tipo: “delincuente abatido (neutralizado) en caliente”; o los llamados “EMA” (enemigo muerto en acción). La prioridad en la seguridad pública debe de ser siempre “cero víctimas mortales”.
La estrategia de mano dura y el estado de excepción por 60 días en virtud de los Decretos Ejecutivos No. 110 y No. 111, emitidos por el presidente Daniel Noboa, no es suficiente por sí sola para lograr recuperar la seguridad en forma duradera, si no viene acompañada de decisiones para abordar los problemas estructurales que han creado las condiciones para empoderar a las organizaciones criminales, el más importante: el debilitamiento de los órganos del Estado consecuencia de los vínculos del crimen organizado con servidores públicos responsables de la seguridad pública y del sistema de justicia penal (policías, fiscales, jueces y personal penitenciario), políticos prominentes y empresarios corruptos.
El crimen organizado no es solo gente armada, son también servidores públicos del Estado involucrados con organizaciones criminales, tal y como denunció el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick (CNN, 13-12-2021). Es decir, el Estado ecuatoriano debe considerar en su estrategia atender el problema de la delincuencia que se organiza dentro del Estado para delinquir y los servidores públicos que se dejan corromper. Verónica Sarauz, la esposa del excandidato a la presidencia Fernando Villavicencio, lo expresó con toda claridad: “lo asesinaron porque fue el único que se enfrentó a las mafias políticas”.
Una segunda prioridad debe ser el control de su sistema penitenciario. Desde las cárceles ecuatorianas se organiza el tráfico internacional de la cocaína y otras lucrativas actividades delictivas, dentro y fuera del penal, lo que explica los asesinatos entre bandas criminales rivales. El Comité de Familiares por Justicia en las Cárceles, señaló que solo entre el 2018 y el 2022, 591 internos fueron asesinados dentro de las 36 prisiones ecuatorianas; muertes de personas encarceladas que se encontraban bajo la custodia del Estado.
Esta crisis carcelaria fue reconocida tanto en el informe presentado por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integra de la Asamblea Nacional de Ecuador (Nov. de 2021), después de la masacre en la Penitenciaría del Litoral que dejó 68 muertos, al aceptar la “pérdida de la soberanía en las cárceles”; como por el propio coronel Fausto Cobo, ex Dir. Gral. del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad y Adolescentes Infractores, al decir que el sistema penitenciario está controlado por narcocriminales que han convertido a las cárceles en zonas de guerra (Twitter, 22-06-2021)
En las matanzas colectivas de las cárceles ecuatorianas no solo están de por medio armas de fuego, armas que no tenían que estar en la cárcel, se trata de muertes marcadas por la crueldad innecesaria: decapitaciones, desmembramientosy descuartizamientos que denotan una curva de cambio exponencial en el ejercicio de la violencia y una estrategia para controlar el penal a partir de infundir terror en la población sin importar si son procesados o sentenciados. Por eso se puede decir que en Ecuador la cárcel se ha constituido en los últimos años en un espacio donde impera un estado de excepción de facto. Es preocupante porque la cárcel no es, en ninguna parte del mundo, un edificio más que forma parte del paisaje urbano: es la personificación del Estado.
Las masacres en el microcosmos que son las prisiones reflejan una realidad social caracterizada por la falta de gobernanza criminal, esto es, la pérdida de un orden criminal hegemónico que había logrado mantener la banda de los Choneros; la aparición de organizaciones emergentes (más de veinte) y sus enfrentamientos territoriales por los mercados criminales (principalmente la extorsión) pero, sobre todo, por el control de las rutas de la cocaína en los principales puertos ecuatorianos que operan al amparo del crimen organizado trasnacional: Cártel de Sinaloa y CJNG (México); el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho (Brasil); la Ndrangheta (Italia) y la mafia de los Balcanes (UNODC, Global Report on Cocaine 2023); coexistencia de grupos criminales que solo es posible por la creación de zonas y territorios santuario, pero que propicia al interior de las prisiones ecuatorianas un ecosistema criminal hiperviolento con capacidad de ejercer una violencia exacerbada.
En Ecuador hay un conflicto que se expresa a nivel local pero que está conectado con intereses de actores criminales que no son locales sino trasnacionales, en un escenario que tiene como epicentro de violencia las cárceles. Los desafíos que enfrenta el Estado para combatir el crimen organizado trasnacional, tanto en México como en Ecuador, se potencializan cuando las organizaciones criminales se internacionalizan, realizan alianzas por conveniencia con bandas delictivas locales, quienes aprenden el Know How del narcotráfico, y operan con todas las ventajas de la globalización económica.
Las organizaciones criminales en su expansión no se desplazan en forma azarosa, buscan la existencia de gobiernos débiles o corruptos. Un Estado fuerte, que respete y haga valer el cumplimiento de la ley y donde los policías y los operadores del sistema de justicia penal hagan lo que deben de hacer, expulsa y empuja a los criminales; por el contrario, la delincuencia organizada encuentra una zona de confort en Estados donde las instituciones son débiles y la aplicación de la ley es más relajada.
La situación en el país sudamericano muestra los largos tentáculos que tienen el Cártel de Sinaloa y el CJNG, como crimen organizado trasnacional; la amenaza a la sociedad mexicana y a la seguridad nacional que estas organizaciones criminales representan; y la complejidad que tiene en nuestro país el problema de la seguridad pública para que se pretenda depositar la responsabilidad del éxito o fracaso de la política de seguridad solo en el Gobierno Federal.
Miembro de Número de la Academia Mexicana de Criminología
