Reclusorios. Violencia se niega a desaparecer

Pese a que en 2012 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió recomendaciones al Estado mexicano para que atendiera la sobrepoblación, el hacinamiento, la violencia y el autogobierno en las cárceles del país, estos mismos problemas han persistido y en algunos casos han aumentado.

Cifras de Documenta, una organización que sistematiza los datos del informe Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, dejan en evidencia esta situación.

Entre 2012 y 2018 los homicidios en el interior de las cárceles aumentaron 27%, mientras que las agresiones a terceros crecieron 80%. Asimismo, en los últimos siete años se registraron 76 motines y más de 6 mil riñas dentro de los reclusorios.

Documenta también detalla que al menos 65% de las cárceles del país funcionan bajo un régimen de autogobierno, lo cual pone en riesgo la seguridad de los internos.

Reclusorios. Violencia se niega a desaparecer

“El comité mantiene su preocupación por los informes que describen situaciones de autogobierno propiciadas por la falta de personal de custodia en muchos centros penitenciarios del país, frecuentes motines con muertos, violencia entre reclusos y deficientes medidas de seguridad en algunas cárceles”, externó el CAT.

Las condiciones de los centros penitenciarios también son evaluadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través de su informe Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciario. Este año, el organismo reveló que los centros con más problemas se ubican en Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Expertos consultados por EL UNIVERSAL consideraron que la sobrepoblación es el problema más preocupante de las cárceles, pues de ahí derivan otras condiciones denigrantes.

“No hay una política de largo plazo en la que se considere cómo se puede mantener a las personas en condiciones decentes. La política del sistema penitenciario no es respetar la capacidad instalada de los centros, es ver cuántas personas puedo seguir metiendo”, indicó Maïssa Hubert Chakour, coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta.

Por su parte, Martín Barrón Cruz, criminólogo y maestro en Ciencias Penales, explicó que las principales consecuencias de la sobrepoblación son los motines, el autogobierno, la rivalidad entre los reos e incluso el aprendizaje de ciertas conductas delictivas.

“La cárcel no es la universidad del crimen, es el hacinamiento el que provoca que las personas aprendan conductas delictivas para defenderse de otros prisioneros, porque en esos espacios o te defiendes o te someten”, aseveró.

El especialista agregó que la violencia dentro de los centros penitenciarios también ocurre porque los custodios y los directivos quedan rebasados ante la cantidad de personas privadas de su libertad que deben cuidar.

Sobre este tema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló en su último diagnóstico que 84% de 165 cárceles estatales tiene insuficiente personal de seguridad y custodia, lo cual permite que en 53% de esos espacios se cometan diversas actividades ilícitas.

Una de las recomendaciones que la ONU emitió al Estado mexicano fue eliminar la figura de prisión preventiva, ya que de esa forma se podría dar marcha atrás a la sobrepoblación.

Sin embargo, los expertos recordaron que la actual Legislatura amplió la lista de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, por lo que el mandato de la Organización de las Naciones Unidas está lejos de cumplirse.

Sofía Cobo Téllez, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), advirtió que “desgraciadamente la ampliación de delitos que merecen prisión preventiva puede traer como consecuencia inmediata que aumente la sobrepoblación y el hacinamiento”.

Afirmó que en 2008, 2011 y 2016 se aprobaron reformas que pretendían colocar a la prisión preventiva como última opción en el proceso de justicia; sin embargo, esos esfuerzos fueron revertidos con la medida impulsada.

Los delitos que merecen prisión preventiva desde el pasado mes de abril son el uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento mediante actos de corrupción, robo de hidrocarburos, a casa habitación, a transporte de carga, feminicidio, abuso sexual contra menores, desaparición forzada de personas y cometida por particulares e ilícitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Ante esta situación, Cobo Téllez estima que la sobrepoblación, generada a partir de la ampliación de la prisión preventiva, tendrá como consecuencia el deterioro de la dignidad humana en las cárceles.