CDMX.- El Senado aprobó una nueva Ley General de Seguridad Privada y reformó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública , con el objeto de regular a las guardias armadas, más de dos mil 300, que no tienen registro, ni personal calificado.

El pleno dio 57 votos a favor, 36 en contra y tres abstenciones, y el proyecto de decreto se envió a la Cámara de Diputados.

La nueva legislación busca dar certeza jurídica, ante la situación en que las guardias actúan al margen de la ley, y catalogará la seguridad privada como actividad auxiliar de la Seguridad Pública, en materia de prevención del delito .

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública , Ernesto Gándara Camou (PRI), señaló que entre las acciones que desempeñará la seguridad privada se destacan las que se relacionan con la protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles y valores, incluido su traslado.

También se incluyen las acciones de seguridad privada relativas a instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad, que requieren autorización del Servicio Nacional Regulador de Seguridad Privada.

La ley distribuye competencia a los gobiernos de los estados, desde la visión de coordinación con la federación, y tendrá a su cargo expedir cédulas de identificación de personal inscrito ante el Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada , en el marco de un Sistema Nacional de seguridad Privada.

Se disponen normas para la capacitación y profesionalización del personal operativo de seguridad privada , bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos.

Ernesto Ruffo Appel (PAN), dijo que esta ley va de la mano del modelo de Mando Único que personalmente rechaza. Señaló que guardias armados en un estado operan con autorización expedida en distinta entidad federativa.

Dolores Padierna dijo que con esta ley el Estado va a claudicar en materia de seguridad pública , a favor de empresas privadas, cuyo interés quedará por arriba de la ley.

El panista Jorge Luis Preciado comentó que no se trata de una claudicación del Estado , cuando es imposible que las autoridades cumplan con la responsabilidad de brindar seguridad a las personas. A la seguridad privada, dijo, hay que regularla.

El senador Teófilo Torres Corzo (PRI) rechazó que la legislación tenga disposiciones violatorias de la Constitución , y subrayó que su articulado no representa la claudicación del Estado, ni la privatización del servicio de Seguridad.

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