Toluca, Méx.— El Estado de México certificará los primeros cinco centros de trabajo seguro para las mujeres, entre ellos la Secretaría de Seguridad mexiquense (SSEM), el Poder Judicial y tres ayuntamientos, en los que realizaron cambios como la apertura de lactarios, la implementación de áreas para denuncia y la corrección de conductas de acoso, hostigamiento sexual o el demérito en la capacidad de mando de mujeres, dijo Jacqueline García Vázquez, integrante del Consejo de Seguridad Nacional.

Explicó que el análisis para esta certificación inició en enero pasado y actualmente están involucrados 52 puntos, entre instituciones públicas y privadas, en 18 estados, siendo el 19 de septiembre cuando entreguen los primeros certificados a la SSEM, el Tribunal Superior de Justicia y tres municipios, que son: Almoloya del Río, Tenango e Ixtapaluca.

Señaló que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), el Secretariado Ejecutivo y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) identificaron el acoso y hostigamiento sexual, conductas violentas por uso de drogas, alto número de faltas de respeto y 82% a nivel nacional por estrés laboral, pero este último no está relacionado con la violencia de género.

Detalló que la violencia que se llama vertical es otra de las vertientes que prevalecen en los centros de trabajo, aquella que se ejerce de jefes o jefas hacia inferiores con malos tratos y que se corrige con acciones afirmativas, por ejemplo, la Universidad de Seguridad implementó comités de atención y mediación al que pueden acudir las mujeres para establecer las denuncias.

Se han sumado a esta certificación la Secretaría de Seguridad, en Quintana Roo, la Fiscalía General de Justicia estatal, en Ixtapaluca, participaron mil 600 personas de la administración municipal, de Almoloya del Río hubo mil 800 y Tenango, pues el Estado de México, a través de Comecyt, otorgó las becas, pero sólo respondieron esos tres ayuntamientos de los 125 en total.

“Fueron las mujeres que quieren que dentro del centro de trabajo haya respeto, quienes promovieron la certificación. Eso te lo puedo decir, los hombres, principalmente, se oponen, es difícil para ellos, la gran mayoría de propuestas provienen de las mujeres, aunque el Tribunal Superior de Justicia sí tuvo la iniciativa, el presidente Ricardo Sodi y el secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez Celis”, refirió.

La certificación cuesta 350 mil pesos y lleva ocho meses, incluye 25 pasos, que conlleva un cambio total, desde el diagnóstico para identificar el acoso y hostigamiento sexual, conductas violentas por el uso de sustancias, entre otras.

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