La decisión se debe a que la aplicación de mensajería ha sido utilizada para "provocar caos y disturbios", permitido "el insulto a las santidades y valores islámicos" y su empleo por grupos extremistas para difundir "propaganda contra el sistema de la República Islámica"

Las tecnológicas han actualizado sus políticas de privacidad para ajustarse al nuevo reglamento de protección de datos de la UE, que de no cumplir pagarán hasta 20 millones de euros