En México, la diversidad cultural suele enunciarse con orgullo en los discursos oficiales, pero las realidades de sus comunidades con frecuencia se desvanecen en la indiferencia estructural. De acuerdo con datos oficiales, más de 2.5 millones de personas se reconocen como afromexicanas, lo que representa el 2% de la población total de nuestro país. No obstante, detrás de este porcentaje se esconde una historia de invisibilización y exclusión que cobra su precio más alto sobre las mujeres, niñas y adolescentes negras y afrodescendientes.
Las cifras no mienten y, cuando se analizan bajo una perspectiva de género e interseccionalidad, revelan que el racismo y la marginación en México todavía son una realidad medible. De acuerdo con activistas afromexicanas, la radiografía de la desigualdad queda al descubierto cuando contrastamos las estadísticas locales de los municipios con mayor presencia afrodescendiente frente a la media nacional.
Mientras que el promedio de analfabetismo en el país es del 4.7%, en las regiones con más del 70% de población afromexicana esta cifra se eleva al 19.6% en el caso de las mujeres. Esta brecha educativa se entrelaza de forma directa con la exclusión económica. A nivel nacional, la tasa de población económicamente activa es del 62%; sin embargo, en los territorios afromexicanos este cae a un alarmante 25% al desagregar el dato de las mujeres. En suma, solo una de cada cuatro mujeres afromexicanas en estas comunidades tiene acceso a un ingreso propio, una realidad que trunca de raíz su camino hacia la autonomía económica.
Estas cifras urgen a leer los datos sociodemográficos con una lente de género, interseccional y territorial para diseñar políticas públicas eficaces para erradicar esta vulnerabilidad sistemática.
La ruta hacia la justicia para las mujeres afromexicanas también abarca el reconocimiento de sus derechos al territorio y a la salud con pertinencia cultural. En el ámbito agrícola, las dinámicas de tenencia de la tierra suelen excluir a las mujeres trabajadoras, provocando que los apoyos gubernamentales terminen en manos de intermediarios o propietarios hombres. Para solucionarlo es indispensable implementar acciones afirmativas para que los recursos lleguen directamente a quienes siembran y producen la tierra.
Asimismo, el combate al racismo estructural requiere que la historia, las aportaciones culturales y las luchas de la población afromexicana sean conocidas y reconocidas.
Finalmente, la representación política sigue siendo una asignatura pendiente. A pesar de que las mujeres afromexicanas han encabezado las batallas para consolidar acciones afirmativas que les aseguren regidurías y sindicaturas, la realidad muestra una preocupante cooptación de estos espacios por parte de liderazgos masculinos. La paridad de género debe ser defendida para garantizar que quienes históricamente han sostenido el movimiento social ocupen legítimamente los puestos de toma de decisiones.
A pesar de estas violencias estructurales, el movimiento de las mujeres afromexicanas no se define desde la victimización, sino desde la dignidad, así como una profunda vocación sorora, intergeneracional y pacífica. Lideresas de diversas edades y colectivos tejen redes de resiliencia y resguardo que incorporan las voces de la niñez y juventud afrodescendientes.
La plena transformación democrática de México exige erradicar la exclusión de sus raíces afrodescendientes en los presupuestos, las leyes y la memoria colectiva. El clamor de las mujeres afromexicanas es una exigencia legítima del derecho a coexistir con dignidad y plenitud.
Es hora de que el Estado y la sociedad entera reconozcan que la justicia no puede tener un sesgo de color, y que la verdadera igualdad comenzará cuando la voz de las personas afrodescendientes deje de ser un eco y se reconozca como cimiento de nuestra dignidad nacional.
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación