México experimenta una transformación demográfica silenciosa que no debemos desatender. De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en nuestro país residen más de 17 millones de personas adultas mayores, lo que representa el 12.8% de la población total. Las proyecciones advierten que para el año 2030, el porcentaje de personas mayores superará al de la población infantil y adolescente, y se calcula que para 2070 representará el 34.2%.
Estas cifras nos colocan frente a una realidad: somos una nación que envejece, lo que nos obliga a replantear con urgencia cómo estamos cuidando a este sector de la población.
La información demográfica también nos revela una dolorosa realidad. Cifras del Instituto Nacional de Salud Pública dan cuenta que entre el 8.1% y el 18.6% de las personas mayores de 60 años en México sufren algún tipo de maltrato: violencia física, psicológica, económica y patrimonial, que no siempre deja huella. Además, este sector es altamente vulnerable a delitos como el robo, la extorsión, el fraude, el despojo y, en el caso más extremo de las mujeres, el feminicidio. Las o los agresores, con frecuencia, son sus propios familiares, cuidadores o personas cercanas de su comunidad.
Uno de los mayores retos es la falta o el subregistro de denuncias. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia señala que la mayoría de las víctimas prefiere callar. El aislamiento emocional se potencia por la falta de autonomía: muchas personas mayores están jubiladas o viven con alguna discapacidad que las ata económicamente a quienes les violentan, careciendo de redes de apoyo externas. A este entorno se suman secuelas psicológicas como la depresión y la ansiedad, además de barreras materiales como el desconocimiento de las instituciones de apoyo o la falta de medios físicos y económicos para trasladarse a denunciar.
Este desafío no es exclusivo de México, se trata de una crisis mundial. Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han diseñado estrategias globales para promover el envejecimiento saludable. La OMS subraya que el primer paso para erradicar el maltrato es combatir el edadismo (la discriminación por motivos de edad), así como generar datos precisos que permitan visibilizar los factores de riesgo que enfrenta este sector y, por ende, limitan el ejercicio de sus derechos humanos.
En el ámbito socioeconómico, el panorama presenta claroscuros. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señalan que los programas sociales aliviaron los ingresos del sector, logrando que la pobreza en este grupo de edad disminuyera del 43.2% al 31.1% entre 2018 y 2022. Sin embargo, en ese mismo periodo, la carencia por acceso a servicios de salud se triplicó de forma alarmante, pasando del 9.7% al 29.4%, lo que significa que casi 4 millones de personas mayores quedaron desprotegidas ante cualquier eventualidad.
Este déficit evidencia que el maltrato no solo ocurre dentro del hogar; también por parte de las instituciones. Existe violencia institucional cuando a una persona mayor se le niega atención médica, cuando se le responde con descortesía al realizar un trámite burocrático o cuando se carece de políticas públicas de cuidado efectivas y para sancionar el maltrato y abandono.
Garantizar una vida libre de violencia, con dignidad, con ejercicio pleno de derechos y con cobertura de salud integral, en última instancia, es un acto de justicia para devolver la dignidad a quienes, con trabajo, esfuerzo y amor a México han contribuido a sostener la economía, las familias y el espíritu de nuestro país.
Atender las necesidades de las personas adultas mayores no es caridad sino una obligación del Estado y una inversión en nuestro propio destino.
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